Módulo 3: Acceso a internet

Serie de módulos sobre la defensa de la libertad de expresión en América Latina

El derecho internacional no reconoce expresamente el derecho a Internet. Sin embargo, es ampliamente aceptado que el acceso a Internet permite el ejercicio de múltiplos derechos fundamentales.
De acuerdo con el Banco Mundial, en la actualidad, menos del 50% de la población de América Latina y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9% cuenta con fibra de alta calidad en el hogar. Si bien el 87% de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo bajos.
Prácticas como los cortes o apagones de Internet, el bloqueo y el filtrado de contenidos a menudo violan el derecho a la libertad de expresión y no constituyen una limitación justificable.
La seguridad nacional se invoca con frecuencia como justificación de injerencias en el acceso a Internet, así como de otras injerencias en el derecho a la libertad de expresión. Aunque se trata de un objetivo legítimo para restringir el derecho a la libertad de expresión en circunstancias adecuadas, los Estados la utilizan a menudo para sofocar la disidencia y encubrir los abusos del gobierno.
La ‘neutralidad de la red’ es un principio según el cual todos los datos de Internet deben ser tratados por igual sin interferencias indebidas. El concepto promueve el acceso más amplio posible a la información en Internet.
La responsabilidad de los intermediarios se produce cuando los gobiernos o los litigantes privados pueden responsabilizar a los intermediarios tecnológicos, como los proveedores de servicios de Internet (ISPs, por las siglas en inglés) y los sitios web, por el contenido ilegal o dañino creado por los usuarios de esos servicios. Dicha responsabilidad tiene un efecto paralizante sobre la libertad de expresión en línea.