Conclusión

La falta de un consenso global sobre el término ‘cibercrimen’ y la ausencia de una definición de las conductas calificadas como tal deja una amplitud en la definición jurídica y acciones de cada Estado para contrarrestar los nuevos fenómenos digitales que emergen. A ello se suma la tendencia de que muchos Estados están recurriendo a las leyes de cibercrímenes para criminalizar los discursos en línea, por ejemplo. Si bien existe un avance en la tipificación de delitos que se cometen en el escenario digital con una dimensión de género, se hace necesario que a partir de la cooperación interestatal y con la OEA, los Estados de la región avancen en una reglamentación conjunta que permita responder de forma adecuada a las conductas que usualmente se cometen con impacto transnacional.