Conclusiones

La imprecisión de las definiciones de lo que se considera como protección ‘al orden público, ‘a la seguridad nacional’ e incluso las previsiones para prevenir el terrorismo, tienen un impacto en el derecho a la libertad de expresión, de tal suerte que restringen, de forma ilimitada y sin mayores controles, el ejercicio pleno de este derecho. Por ello, es importante resaltar la necesidad de que los Estados promulguen leyes y adecúen sus actuaciones de Poder Público con base en definiciones precisas y no ambiguas que le permitan conocer a los ciudadanos las consecuencias jurídicas de sus actos, sobre todo cuando se refieren a expresiones en contextos como de terrorismo o que puedan tener incidencia en la sociedad democrática y afecten su orden público.

Si bien el artículo 13.2 de la Convención Americana admite unas restricciones frente a este derecho para proteger intereses supremos, es menester destacar que los Estados no se desligan de su responsabilidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad de la responsabilidad y sanciones ulteriores en estos casos. Precisamente, es este test tripartito el que permitirá analizar la restricción a la luz de la garantía del derecho a la libertad de expresión y, de esta forma, impedirá que los controles del Estado sobre las expresiones resulten excesivos frente a los bienes que protege.