Introducción

La violencia contra los periodistas, debido al ejercicio de su trabajo como comunicadores, constituye un terrible mecanismo de intimidación, que tiene por fin procurar su silencio, violentando su integridad física y moral.  

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha destacado que el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse de manera libre cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.

Debido a ello, estos actos de violencia no solo vulneran los derechos de la persona directamente afectada, sino que además afectan la esfera colectiva de la libertad de expresión y de pensamiento. Lo anterior considerando que estos actos de violencia cometidos contra periodistas o personas que trabajan en medios de comunicación logran su objetivo de generar intimidación en todo el gremio de los comunicadores y las comunicadoras, que es el objetivo principal de los autores.

Así lo ha entendido y expresado la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas, quien ha afirmado que cualquier ataque contra un periodista o comunicador, en virtud del ejercicio de su trabajo, es “un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos, que son esenciales en una democracia”.(1)

No existe duda en cuanto a que la prensa se ha convertido en un factor fundamental para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en muchos países de la región, sin embargo, esto ha llevado a un crecimiento de la violencia contra los y las periodistas. De esta manera, se ha identificado una relación directa entre el aumento del poder de estos grupos de criminalidad organizada y la violencia contra los periodistas, agravándose en los últimos años en algunos países de la región.(2)

Se trata de un panorama de violencia que atenta gravemente contra una importante cantidad de derechos de las personas que ejercen el periodismo, a lo que se suma un déficit de protección por parte de los Estados, el cual también se ha evidenciado en diferentes estudios de la región.