Ataques físicos y violencia contra periodistas
Módulo 10: Violencia contra periodistas
Los y las periodistas en América Latina se enfrentan a distintos tipos de violencia que afectan de manera directa el ejercicio de su profesión. Dichas agresiones tienen como finalidad silenciar investigaciones de alto interés público relacionadas con temas de corrupción en instituciones estatales, violaciones a derechos humanos, narcotráfico, delincuencia, entre otros. Asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones físicas, violencia sexual y hurto de material periodístico se encuentran entre las agresiones más frecuentes que tiene que enfrentar la prensa.
En este punto, no se puede perder de vista que la Corte IDH, al delimitar el alcance del derecho a la libertad de expresión, ha establecido una dimensión individual y otra colectiva, las cuales se ven afectadas por los hechos de violencia contra la prensa.(1) En este sentido, estas agresiones en la dimensión individual impactan la difusión de ideas, opiniones e informaciones; en la dimensión colectiva, generan un efecto de intimidación y amedrentamiento dentro del gremio periodístico, conocido como el chilling effect, que conlleva al silenciamiento de la prensa, pues existe una conexidad entre la ausencia de miedo y el derecho a la libertad de expresión;(2) y, por último, impacta en la esfera social de la libertad de expresión, ya que le impide a la sociedad buscar y recibir ese tipo de información.
La Corte IDH ha evidenciado que una de las formas más violentas para suprimir las garantías del derecho a la libertad de expresión son los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales.(3) Distintos informes de la RELE de la CIDH dan cuenta de que el asesinato a periodistas ha sido un fenómeno sostenido en el tiempo, cuya finalidad es censurar el trabajo de la prensa.(4)
Según el informe de tendencias globales en libertad de expresión 2021/2022 de la UNESCO, entre 2011 y 2015 fueron asesinados 122 periodistas en América Latina, mientras que entre 2016 y 2020 perdieron la vida 123 comunicadores, lo cual demuestra la continuidad de esta problemática.(5) Según este informe de la UNESCO, en el periodo 2016 – 2020, México fue el país más letal en el mundo para la prensa con 61 homicidios, en la región le siguen, Brasil (14), Guatemala (12) y Colombia (11).(6)
Ante las cifras anteriormente mencionadas, los Estados deberían implementar estrategias que permitan de manera diligente investigar, juzgar y sancionar estos homicidios. Sin embargo, los aparatos de justicia siguen siendo deficitarios para atender este fenómeno, con lo cual se contribuye a reproducir patrones de violencia e impunidad. Esto se evidencia en el 78% de los casos se mantienen sin resolver.(7)
Por otro lado, la UNESCO ha documentado otras formas de violencia física en la región como ataques físicos no fatales, secuestros, amenazas de muerte, destrucción de equipos, ataques a infraestructura, detenciones ilegales y tortura.(8) Si bien no existen cifras que puedan dar cuenta de la gravedad de estas agresiones, las mismas no son menores, pues pueden llevar a la autocensura de periodistas y medios de comunicación, incluso al cierre de medios o el abandono de la profesión.
Además, en el contexto de la región, agresiones como las amenazas de muerte constituyen indicadores de predictibilidad de la posible materialización de hechos mucho más graves como el asesinato,(9) razón por la cual los Estados no deben restar valor a estos hechos y actuar diligentemente en la prevención, protección y sanción de los mismos.
Por otro lado, la RELE de la CIDH(10) y la UNESCO(11) han evidenciado el crecimiento de ataques a periodistas que realizan cubrimiento en protestas, que surge de distintas fuentes, incluyendo agentes del Estado y manifestantes. Esto se ha evidenciado recientemente en los casos de Perú,(12) Cuba,(13) y Colombia.(14)
La Corte IDH ha afirmado que las agresiones contra periodistas que ocurren en protestas no sólo afectan el derecho a la libertad de expresión en la esfera individual de los periodistas agredidos, también se afecta la esfera colectiva, pues como se determinó en el caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia:
“(…) la agresión perpetrada por militares contra el señor Vélez Restrepo, mientras cubría una manifestación pública, y su amplia difusión en los medios de comunicación colombianos tienen un impacto negativo en otros periodistas que deben cubrir hechos de esa naturaleza, quienes pueden temer sufrir actos similares de violencia. Asimismo, el Tribunal ha constatado que dicha agresión impidió al señor Vélez Restrepo continuar grabando los acontecimientos del 29 de agosto de 1996 cuando la fuerza pública se encontraba controlando una manifestación, lo cual correlativamente afecta la posibilidad de hacer llegar esa información a los posibles destinatarios”. (Negrilla fuera del texto)
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vélez Restrepo y familiares VS. Colombia. Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 3 de septiembre de 2012. Párr. 148
Frente a este contexto de violencia letal contra la prensa en la región, la Corte IDH ha destacado que la observancia del artículo 4 y el 1.1 de la Convención, supone que los Estados adopten todas las medidas necesarias para proteger y preservar el derecho a la vida conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de la libertad de expresión.(15) En este sentido, los Estados tienen el deber de prevenir las violaciones de los derechos humanos por parte de agentes estatales como de particulares, investigar seriamente las violaciones a fin de identificar a los responsables, imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación.(16)