Los medios independientes son más importantes que nunca. El trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación en el mundo y durante la crisis permite que el público esté informado sobre estadísticas, la evolución de la pandemia y las medidas que están siendo tomadas por parte de los gobiernos y los organismos internacionales. Esta información es clave para que la gente pueda protegerse a sí misma y entre sí.
No obstante, es evidente que, bajo el atuendo de estar combatiendo la COVID-19, algunos gobiernos están trabajando para sofocar la libertad de expresión y reprimir el disenso legítimo.
En Thailand y Niger, periodistas han sido arrestados después de reportar en el contagio de la pandemia o de haber criticado la respuesta del gobierno. En Cambodia, el Comité para la Protección de los Periodistas ha documentado arrestos de por lo menos 17 personas por compartir información sobre el virus. Algunos de los arrestados eran miembros simpatizantes de partidos de oposición. En Venezuela, Iran y Gaza, hay periodistas que han afrontado arrestos, detenciones, amenazas y ataques después de reportar sobre la pandemia.
Incluso cuando la difusión de información veraz se vuelve exponencialmente vital para combatir el contagio del virus, hay países que siguen bloqueando el acceso a Internet. En enero 2020, Etiopía bloqueó Internet en la región de Oromira. India, Myanmar y Bangladesh, al igual que otros muchos países en el medio oriente, Asia y Africa, siguen obstruyendo o restringiendo el acceso a Internet. Estas medidas permiten el acceso a información cuando es vitalmente necesaria.
En otras regiones, la difusión de desinformación a través de la red ha sido abundante, recalcando la necesidad de fact-checking preciso y de la protección de fact-checkers en la era digital.
Muchos estados están implementando medidas de emergencia para combatir el contagio del virus. Aunque algunas de estas medidas son necesarias y justificadas, otras entregan poderes prácticamente ilimitados y sin una clara fecha de cierre. En Hungría, legislación que ha sido propuesta recientemente suspendería todas las elecciones de forma indefinida y castigaría la publicación de hechos “distorcionados” con hasta cinco años de prisión. En Honduras, el derecho constitucional a la libertad de expresión fue suspendido. Incluso en tiempos de crisis, las medidas de emergencia no deben funcionar como una cobertura para acciones represivas.
Alrededor del mundo, hay periodistas que permanecen en prisión como resultado de su trabajo. En Egipto, cientos de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos están actualmente en detención preventiva después de la represión impuesta por el gobierno en contra de sus críticos desde el año pasado. En el nombre de la lucha contra el virus, todo el acceso a estos prisioneros ha sido restringido. Hay preocupaciones crecientes de que aquellos en detención estén en un riesgo especial de contagio y muerte.
En marzo 2020, los mandatos especiales para la libertad de expresión hicieron un llamado conjunto para que los gobiernos promuevan y protejan el acceso y difusión de información durante esta pandemia. Media Defence hace eco enfático de este llamado. Reconocemos la necesidad crítica de defender a periodistas y medios de comunicación durante esta crisis. Continuaremos prestando asistencia a través del apoyo legal de emergencia, litigio estratégico y fortalecimiento de capacidades locales.
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