COVID-19: Un Estado de Emergencia no es Excusa Para la Represión del Gobierno

Los gobiernos alrededor del mundo están tomando medidas extraordinarias en la lucha contra la COVID-19. Muchas de estas medidas son esenciales para proteger la salud y la vida de las personas. Pero algunos Estados están adoptando leyes que socaban peligrosamente los derechos civiles y políticos. Acá miramos algunas de las amenazas a derechos que han surgido de las legislaciones de emergencia con la aparente intensión de luchar contra la pandemia

Leyes de emergencia

Gobiernos alrededor del mundo están adoptando leyes en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Muchas de estas leyes contienen poderes que podrían considerarse como excesivos: chequeo y aislamiento de determinadas personas; cerrar precintos y prohibir eventos; posponer elecciones; cerrar cortes y retrasar juicios.

Aunque algunas de estas medidas son justificadas, los poderes excepcionales acarrean un riesgo de abuso. Ya es evidente que muchos gobiernos están usando la pandemia de la COVID-19 para acelerar la aprobación de restricciones desproporcionadas sobre los derechos y libertades.

Muchas de estas medidas tienen dos características en común: Primero, aumentan significativamente el poder del ejecutivo, permitiendo que los gobiernos tomen decisiones sin las restricciones tradicionales de los legislativos elegidos de forma democrática. Segundo, imponen restricciones sobre los medios, impidiendo el acceso a la información y asfixiando el cubrimiento crítico que pueda brindar un control alternativo. Por ejemplo:

• El 30 de marzo, el parlamento de Hungría adoptó una severa ley de emergencia que permite que el primer ministro Viktor Orbán suspenda leyes, evite al parlamento y adopte decretos de forma ilimitada. Los periodistas ahora enfrentan el enjuiciamiento por publicar información “falsa” o “distorsionada” sobre el gobierno y el virus, una ofensa que puede ser castigada con hasta cinco años en prisión. Reportes de prensa muestran que trabajadores de medios y algunas fuentes del sector salud han comenzado a autocensurarse. Expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil han expresado grave preocupación sobre las reformas.
• El 16 de marzo, Honduras declaró un estado de emergencia y suspendió una serie de derechos constitucionales, incluyendo la libertad de expresión. La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ha indicado su preocupación por estas medidas y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH las ha señalado como desproporcionadas.
• Legislación propuesta en Cambodia le daría poder al primer ministro Hun Sen para restringir todas las libertades civiles y políticas sin tiempo límite ni salvaguardas. El ejecutivo sería investido con la capacidad de realizar vigilancia ilimitada de telecomunicaciones y el poder de controlar medios y redes sociales. La propuesta aparece en el marco de una larga arremetida del gobierno contra la sociedad civil, los medios y la oposición política.
• El 31 de Marzo, el parlamento de Armenia otorgó amplios poderes de vigilancia a las autoridades bajo el aparente fin de recolectar información para hacer seguimiento al virus.
• Sur África aprobó regulaciones criminalizando contenido que tenga la intención de engañar a cualquier persona sobre la pandemia o sobre las medidas tomadas por el gobierno para responder a la COVID-19.
• En Tailandia han anunciado poderes de emergencia. Esto incluye prohibiciones penales a información que sea considerada como “falsa” con relación al virus o que tenga la posibilidad de “instigar temor” o que sea “distorsionada intencionalmente con el fin de engañar al público”.
• Un decreto adoptado en Rumania permite a las autoridades el retirar contenido y bloquear páginas web que presenten “información falsa” sobre la evolución de la COVID-19 y las medidas de prevención. La norma no permite ningún tipo de apelación a estas decisiones.

Derogaciones de obligaciones de derechos humanos

Para facilitar estas acciones, algunos Estados están tomando medidas para derogar la protección de los tratados regionales e internacionales de derechos humanos.

Hasta el 2 de abril, ocho países habían notificado al Concejo Europeo de su intención de derogar la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de acuerdo al artículo 15 de ese tratado (Albania, Armenia, Estonia, Georgia, Latvia, Moldova, Macedonia del Norte y Rumania). Diez países de América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú) han adoptado medidas para derogar la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Seis de estos Estados han notificado a las Naciones Unidas de su intención de derogar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (vea más información acá).

Estos tratados permiten las restricciones de derechos humanos con el fin de proteger la salud pública y el orden público, siempre y cuando esas medidas sean legales, necesarias y proporcionales. Por ejemplo, el derecho a la libertad del artículo 5 del CEDH, puede ser limitado cuando exista la necesidad de aislar a determinadas personas. Igualmente, el derecho a la libertad de reunión, protegido por el artículo 11 del CEDH, puede ser limitado en razón de la permanente necesidad de restringir reuniones masivas. Tales restricciones deben ser justificadas, temporales, limitadas en el tiempo, necesarias, proporcionales y sujetas a una revisión apropiada.

Como resultado, no hay evidencia de que  la pandemia de la COVID-19 requiera derogación formal de los tratados de derechos humanos (Vea este análisis de Martin Scheinin, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y el Profesor Kanstantsin Dzehtsiarou, de la Universidad de Liverpool).

No obstante, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha establecido que, en el contexto de emergencias, las derogaciones de los tratados de derechos humanos deben ser de carácter “excepcional y temporal”. Además, estas medidas deben aplicarse “en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido de forma similar a las medidas de derogación. Adicionalmente, tal y como lo ha dejado claro la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, los Estados deben asegurarse de que los pesos y contrapesos comunes de las democracias pluralistas sigan operando durante la emergencia, especialmente los que se refieren a la libertad de expresión, sociedad civil y los medios.

La necesidad del periodismo crítico

Mientras el poder ejecutivo se expande alrededor del mundo, el periodismo crítico es más esencial que nunca. Tal y como lo dijo un grupo de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas recientemente, el periodismo puede ser más crucial durante una emergencia de salud pública, en especial con relación al monitoreo de las acciones del gobierno. A la hora de responder al virus, los gobiernos tienen que tomar medidas para proteger a los periodistas en lugar de criminalizar sus esfuerzos para distribuir información esencial.

Esto seguirá siendo así incluso cuando la pandemia desaparezca. Aunque los gobiernos pueden presentar medidas de emergencia temporales y de corto plazo, esto no siempre es el caso. La Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo Fonnuala Ni Aolain ha dicho que los poderes de emergencia suelen brindar “atajos” y, por consiguiente, tienden a “persistir y volverse permanentes”. En Egipto, por ejemplo, las autoridades han extendido el estado de emergencia declarado en 2017 de forma continua con un grave efecto sobre los derechos humanos. Preocupaciones similares han sido señaladas sobre las medidas de vigilancia intrusiva establecidas en algunos países con el fin de hacer seguimiento al virus. La investigación crítica de todas las medidas de emergencia vigentes es esencial.

Media Defence reconoce vehementemente la necesidad de defender periodistas y medios de comunicación a través de la crisis y más allá de ella. Continuaremos prestando asistencia a través del apoyo legal de emergencia, litigio estratégico y fortalecimiento de capacidades locales.