Acceso a Internet – Latinoamérica

• El derecho internacional no reconoce expresamente el derecho a Internet. Sin embargo, es ampliamente aceptado que el acceso a Internet permite el ejercicio de múltiplos derechos fundamentales.

• De acuerdo con el Banco Mundial, en la actualidad, menos del 50% de la población de América Latina y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9% cuenta con fibra de alta calidad en el hogar. Si bien el 87% de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y acceso real siguen siendo bajo.

• Prácticas como los cortes o apagones de Internet, el bloqueo y el filtrado de contenidos a menudo violan el derecho a la libertad de expresión y no constituyen una limitación justificable.

• La seguridad nacional se invoca con frecuencia como justificación de injerencias en el acceso a Internet, así como de otras injerencias en el derecho a la libertad de expresión. Aunque se trata de un objetivo legítimo para restringir el derecho a la libertad de expresión en circunstancias adecuadas, los Estados la utilizan a menudo para sofocar la disidencia y encubrir los abusos del gobierno.

• La ‘neutralidad de la red’ es un principio según el cual todo el tráfico de datos en Internet debe ser tratado por igual sin interferencias indebidas. El concepto promueve el acceso más amplio posible a la información en Internet.

• La responsabilidad de los intermediarios se produce cuando los gobiernos o los litigantes particulares pueden responsabilizar a los intermediarios tecnológicos, como los proveedores de servicios de Internet (ISPs, por las siglas en inglés) y los sitios web, por el contenido ilegal o dañino creado por los usuarios de esos servicios. Dicha responsabilidad tiene un efecto paralizante sobre la libertad de expresión en línea.

I-              ¿Existe el Derecho a Internet en el Derecho Internacional?

A.    Internet como catalizador de derechos: perspectiva internacional

Todavía no se ha reconocido un derecho expreso a Internet en ningún tratado internacional o instrumento similar. Sin embargo, en el marco jurídico internacional se han ido desarrollando elementos entorno a este como un derecho y las subsecuentes obligaciones de los Estados. Veamos:

Tabla. Debate: argumentos a favor y en contra del derecho de acceso a internet.

Cada vez se reconoce más que el acceso a Internet es indispensable para el disfrute de una serie de derechos fundamentales. El corolario es que quienes no tienen acceso a Internet se ven privados del pleno disfrute de esos derechos, lo que, en muchos casos, puede exacerbar las divisiones socioeconómicas ya existentes. Por ejemplo, la falta de acceso a Internet puede impedir la capacidad de una persona para obtener información clave, facilitar el comercio, buscar empleo o consumir bienes y servicios. 

En 2011, la Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet, que no es vinculante, dispone en su apartado 6: 

1. La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.
2. La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordena- da por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos. 

En 2012, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) aprobó una importante resolución que “Exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países”³.

Esta visión se ha ampliado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que reconocen que “la expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, superar la brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento”⁴. Así, los ODS establecen que los Estados deben mejorar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otras tecnologías facilitadoras para promover el empoderamiento de las mujeres⁵. Igualmente, que se realicen un esfuerzo por proporcionar un acceso universal y asequible a Internet en los países menos desarrollados para el año 2020⁶.

La Resolución de la ONU sobre Internet de 2016, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reconoce que Internet puede acelerar el progreso hacia el desarrollo, incluido el logro de los ODS, y afirma la importancia de aplicar un enfoque basado en los derechos para brindar y ampliar el acceso a la Internet⁷. En particular, afirma la importancia de aplicar un enfoque integral basado en los derechos para brindar y ampliar el acceso a Internet⁸, y llama a los Estados a considerar la formulación y adopción de políticas públicas nacionales relacionadas con Internet con el objetivo de lograr el acceso universal y el disfrute de los derechos humanos en su núcleo⁹.

El 4 de julio de 2018, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la resolución sobre la Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet que reafirma la importancia de la protección y garantías para el ejercicio de los derechos humanos en línea. Esta la resolución señala que los actores del sector privado deben guiarse por el derecho internacional de los derechos humanos y tomarlo como base para sus políticas de moderación de contenido, así como asegurar y proteger la confidencialidad de las comunicaciones digitales, permitiendo el cifrado y el anonimato en línea. La aplicación del derecho internacional deriva en la condena de las limitaciones a la libertad de expresión en línea, como los apagones de internet y la recolección, procesamiento y uso de datos sin un enfoque de derechos humanos.

La pandemia de COVID reforzó la premisa de que en el mundo moderno el Internet se consolida como un servicio esencial y, por tanto, el acceso a Internet debe ser un derecho humano proporcionado por los Estados, ya que sin este, otros derechos humanos, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación básica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información no pueden realizarse adecuadamente¹⁰. De ahí que en varios países de América Latina ya se ha reconocido el acceso a Internet como un derecho fundamental, como se explica más adelante.

Sin perjuicio de los avances expuesto, la efectividad y progresividad del acceso universal a Internet depende de una confluencia de factores, entre otros, la disponibilidad de recursos financieros, la creación de contenidos relevantes a nivel local, la alfabetización digital y la voluntad política para convertirlo en una prioridad.

Adicionalmente, en 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión publicó su informe Inclusión Digital Y Gobernanza De Contenidos En Internet, en el cual destaca el contexto regional del internet y las plataformas digitales. En particular, se refiere a y las nuevas facetas que toma la esfera pública en la que destaca tres elementos clave:

1/ El poder de información se concentra progresivamente en manos de Estados y empresas, ha emergido como un ámbito vital para la prestación de diversos servicios, intermediación laboral y comunicación. La plataformizacion implica que proveedoras de aplicaciones y servicios en línea no sólo ofrecen infraestructura tecnológica y de datos, sino que también influyen de forma significativa en las dinámicas sociales, económicas y en la formación de la opinión pública.¹¹  

2/ El uso de redes sociales por parte de líderes políticos e instituciones gubernamentales o la proliferación de expresiones en un corto tiempo a gran escala, genera nuevos avances, pero también retos para la libertad de expresión.¹²

3/ La transformación digital ha exacerbado una fragmentación del debate público y creado un espacio digital más polarizado y hostil, en particular para los grupos históricamente marginados del debate público y sus voces. Este fenómeno no se produce de manera aislada, sino que un reflejo de las dinámicas de violencia y exclusión de las sociedades.¹³

B.    ¿Qué obligaciones tienen los Estados?

No hay razón para considerar el ciberespacio al margen de la legislación internacional sobre derechos humanos. Los Estados están obligados a respetar los derechos humanos en Internet; no pueden violar los derechos humanos que un individuo está ejerciendo en el ciberespacio y, del mismo modo, no pueden utilizar el ciberespacio como lugar/tecnología desde el que violar los derechos de los individuos.

El acceso implica dos dimensiones distintas pero interrelacionadas: (i) la capacidad de ver y difundir contenidos en línea; y (ii) la capacidad de utilizar la infraestructura física para permitir el acceso a dichos contenidos en línea. Desde 2003, UNESCO exige a los Estados que adopten medidas para hacer realidad el derecho de acceso a Internet. A este respecto, declaró que¹⁴:

“Los Estados Miembros y las organizaciones internacionales deberían promover el acceso a Internet como un servicio de interés público mediante la adopción de políticas apropiadas que refuercen el proceso encaminado a acrecentar la autonomía de los ciudadanos y la sociedad civil, y el fomento de una aplicación adecuada de esas políticas y del apoyo a las mismas en los países en desarrollo, prestando la debida atención a las necesidades de las comunidades rurales.

[…]

Los Estados Miembros deberían reconocer y promulgar el derecho de acceso universal en línea a los archivos públicos o que estén en posesión de administraciones públicas, lo que comprende toda la información que necesitan los ciudadanos en una sociedad democrática moderna teniendo debidamente en cuenta las consideraciones de confidencialidad, protección de la vida privada y seguridad nacional, así como los derechos de propiedad intelectual en la medida en que se apliquen a la utilización de esa información. Las organizaciones internacionales deberían reconocer y proclamar el derecho de cada Estado de tener acceso a datos esenciales relativos a su situación social o económica”.

Independientemente de que Internet se considere un derecho autónomo o un instrumento que facilita la realización de otros derechos, se han sentado firmemente las bases para la necesidad de lograr el acceso universal a Internet, en el que distintos actores interactúan. 

En ese sentido, para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en su informe de 2024, Inclusión Digital Y Gobernanza De Contenidos En Internet, explicó que es crucial reforzar los estándares interamericanos existentes y establecer las obligaciones jurídicas concretas para los Estados y las empresas que garanticen la protección de los derechos humanos en línea. En este orden de idea, emitió una serie de recomendaciones no exhaustivas para los Estados a fin de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión en internet, conforme a los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Veamos aquellas relacionadas al acceso de internet y alfabetización digital 

“318. Desarrollar y asegurar el financiamiento de políticas y programas de alfabetización digital, adaptados a las necesidades específicas de diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, enfocados en las habilidades cívicas necesarias para que las personas puedan relacionarse con las TICs de forma autónoma, responsable y crítica; 

319. Promover políticas de acceso universal que prioricen la expansión de la infraestructura de la red de manera sostenible, enfocándose en cerrar las brechas digitales y respetando el principio de neutralidad de la red; 

320. Promover la inclusión y apropiación de tecnologías digitales de grupos de personas en situación de vulnerabilidad, contemplando a mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas LGBTI, personas migrantes, y pueblos indígenas;”

C.    Perspectiva comparada Latinoamericana: ¿hacia un reconocimiento como derecho autónomo?

II.             Limitaciones del internet y su impacto en la Libertad de Expresión: Casos de estudio

Algunas de las formas en las que se interfiere en el acceso a Internet son: el corte de la red, la interrupción de las redes en línea y los sitios de redes sociales, el bloqueo y el filtrado de contenidos. Estas interferencias pueden suponer graves restricciones al disfrute del derecho a la libertad de expresión, así como al disfrute de una serie de otros derechos y servicios (como la banca móvil, el comercio en línea y la posibilidad de acceder a los servicios gubernamentales a través de Internet).

El acto de interrumpir o bloquear el acceso a los servicios y sitios web de Internet equivale a una forma de censura previa. Las censuras previas son acciones del Estado que prohíben el discurso u otras formas de expresión antes de que puedan tener lugar, y constituyen una forma de supresión radical –no apenas una limitación relativa– de la posibilidad de expresar el pensamiento²⁵. Debido al profundo efecto amedrentador que puede tener la restricción previa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) contienen disposiciones que prohíben, como regla general, las censuras previas de manifestación de expresión²⁶. El Consejo de Europa también sostiene una postura similar²⁷.

Según el sistema interamericano, constituyen ejemplos de censura previa en relación con publicaciones en internet: la orden de incluir o retirar determinados enlaces (links), la imposición de determinados contenidos²⁸, las desconexiones totales o parciales, la ralentización de internet, los bloqueos temporales o permanentes de distintos sitios y aplicaciones²⁹.

Lo que ocurre en el ciber espacio tiene un impacto en la Libertad de Expresión y el Estado. Precisamente, la Declaración Conjunta 2011 sobre Libertad de Expresión e Internet pone de manifiesto el carácter negativo que pueden tener limitación del internet sobre la libertad de expresión³⁰:

“a)          El bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones [de protocolo de Internet (IP)], puertos, protocolos de red o tipos de usos (como las redes sociales) es una medida extrema -análoga a la prohibición de un periódico o una emisora- que sólo puede justificarse de acuerdo con las normas internacionales, por ejemplo, cuando es necesario para proteger a los niños contra los abusos sexuales.

b)           Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por un gobierno o un proveedor de servicios comerciales y que no son controlados por el usuario final son una forma de censura previa y no son justificables como una restricción a la libertad de expresión.

c)            Los productos diseñados para facilitar el filtrado por parte del usuario final deben ir acompañados de una información clara a los usuarios finales sobre su funcionamiento y sus posibles riesgos en términos de filtrado excesivo”.

De manera semejante, la Observación General nº 34 del Comité de Derechos Humanos³¹ establece:

“Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs u otros sistemas de difusión de información en Internet, electrónicos o similares, incluidos los sistemas de apoyo a estas comunicaciones, como los proveedores de servicios de Internet o los motores de búsqueda, sólo serán admisibles en la medida en que sean compatibles con el [artículo 19.3 del PIDCP]. Las restricciones permisibles se deben referir en general a un contenido concreto; las prohibiciones genéricas del funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son compatibles con el [artículo 19.3 del PIDCP]. Tampoco es compatible con el [artículo 19.3 del PIDCP] prohibir que un sitio o un sistema de difusión de la información publique material por el mero hecho de que ese material pueda contener críticas al gobierno o al sistema político al que este se adhiere”.

Por lo tanto, es imperativo que, para que cualquier medida de este tipo sea legítima, cumpla con la prueba tripartita detallada en el módulo 1.

A.    Cortes de internet

Conceptos clave

Un corte o apagón de Internet puede definirse como una interrupción intencionada de las comunicaciones electrónicas o de Internet, que las hace inaccesibles o efectivamente inutilizables para una población específica o dentro de un lugar, a menudo para ejercer control sobre el flujo de información³². En otras palabras, esto surge cuando alguien, ya sea el gobierno o un actor del sector privado, interrumpe intencionalmente Internet, una red de telecomunicaciones o un servicio de Internet, supuestamente para controlar o frenar lo que la gente dice o hace³³. Esto a veces también se conoce como un “kill switch”.

En algunos casos, esto puede implicar una interrupción total de la red, por lo que el acceso a Internet se cierra en su totalidad. En otras circunstancias, también puede producirse cuando el acceso a las comunicaciones móviles, a los sitios web o a las aplicaciones de redes sociales y de mensajería se bloquea, se estrangula o se hace efectivamente inutilizable³⁴. Los cortes pueden afectar a un país entero, a ciudades o regiones dentro de un país, o incluso a varios países, y se ha visto que pueden durar desde varias horas hasta varios meses³⁵.

Cabe señalar que, para llevar a cabo los cortes o apagones, los gobiernos suelen requerir la acción de los actores privados que operan las redes o facilitan el tráfico de la red³⁶. Como señaló la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, los ataques a gran escala contra la infraestructura de la red cometidos por partes privadas, como los ataques de denegación de servicios distribuidos (DDoS, por las siglas en inglés), también pueden tener efectos de corte.

¿Cuál es la tensión con la Libertad de Expresión?

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión ha señalado que los cortes de Internet se ordenan a menudo de forma encubierta y sin base legal, y violan el requisito de que las restricciones deben estar previstas en la ley³⁷. Del mismo modo, los cortes o apagones ordenados en virtud de leyes y reglamentos vagamente formulados, o de leyes y reglamentos que se adoptan y aplican en secreto, tampoco cumplen el requisito de legalidad³⁸.

Los cortes de Internet y de telecomunicaciones que implican medidas para impedir o interrumpir intencionadamente el acceso o la difusión de información en línea constituyen una violación del derecho de los derechos humanos³⁹. En la Resolución de la ONU sobre Internet de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró que “condena inequívocamente las medidas para impedir o interrumpir intencionadamente el acceso o la difusión de información en línea, en violación del derecho internacional de los derechos humanos, y pide a todos los Estados que se abstengan de adoptar tales medidas y las pongan fin”⁴⁰.

Selección de los casos más duraderos de restricciones de Internet para febrero de 2024

Fuente: https://www.statista.com/statistics/1366912/longest-internet-restrictions-worldwide/

El argumento de la Seguridad Nacional para limitar el acceso al Internet.  

La seguridad nacional se invoca con frecuencia como justificación para interferir en el acceso a Internet, así como para otras interferencias en el derecho a la libertad de expresión⁴¹. Si bien esto puede ser, en circunstancias apropiadas, un objetivo legítimo, también tiene el potencial de ser utilizado para sofocar la disidencia y encubrir los abusos del Estado.

El carácter encubierto de muchas leyes, políticas y prácticas de seguridad nacional, así como la negativa de los Estados a revelar información sobre la amenaza a la seguridad nacional, tiende a exacerbar esta preocupación. Además, los tribunales y otras instituciones han sido a menudo deferentes con el Estado a la hora de determinar lo que constituye la seguridad nacional. Como se ha señalado anteriormente⁴²:

“El uso de un concepto amorfo de seguridad nacional para justificar limitaciones invasivas del disfrute de los derechos humanos es muy preocupante. El concepto se define de forma amplia y, por lo tanto, es vulnerable a la manipulación por parte del Estado como medio para justificar acciones dirigidas a grupos vulnerables como los defensores de los derechos humanos, los periodistas o los activistas. También actúa para garantizar el secreto, a menudo innecesario, en torno a las investigaciones o a las actividades de aplicación de la ley, socavando los principios de transparencia y responsabilidad”.

El principio 4 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH establece que la libertad de expresión sólo podrá limitarse excepcionalmente cuando haya una restricción previamente establecida por la ley y cuando exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha interpretado que las restricciones a la libertad de expresión e información deben “juzgarse haciendo referencia a las necesidades legítimas de las sociedades y las instituciones democráticas”⁴³ dado que la libertad de expresión e información es esencial para toda forma de gobierno democrático⁴⁴.

Asimismo, los Principios de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información (en adelante Principios de Johannesburgo)⁴⁵ establecen que:

a)           Una restricción que se pretenda justificar por motivos de seguridad nacional no es legítima a menos que su propósito genuino y su efecto demostrable sea proteger la existencia de un país o su integridad territorial contra el uso o la amenaza de la fuerza, o su capacidad para responder al uso o la amenaza de la fuerza, ya sea de una fuente externa, como una amenaza militar, o de una fuente interna, como la incitación al derrocamiento violento del gobierno.

b)           En particular, una restricción que se pretenda justificar por motivos de seguridad nacional no es legítima si su propósito genuino o efecto demostrable es proteger intereses no relacionados con la seguridad nacional, incluyendo, por ejemplo, proteger a un gobierno de la vergüenza o de la exposición de una mala acción, u ocultar información sobre el funcionamiento de sus instituciones públicas, o afianzar una ideología particular, o suprimir el malestar industrial.

Otro principio importante contenido en los Principios de Johannesburgo es el principio 23, que establece que: “[la] expresión no estará sujeta a censura previa en interés de proteger la seguridad nacional, excepto en tiempos de emergencia pública que amenace la vida del país”. Como proposición general, la restricción previa de la expresión es inadmisible. Las medidas descritas anteriormente a menudo pueden dar lugar a una restricción previa sobre el contenido y, en consecuencia, tener un efecto inhibidor sobre el disfrute del derecho a la libertad de expresión.

Del mismo modo, la lucha contra el terrorismo como supuesta justificación para el cierre de la red u otras interferencias con el acceso a Internet también debe tratarse con precaución. Como se señala en la Observación General N.º 34, los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la información al público sobre los actos de terrorismo, y deben poder desempeñar sus funciones y obligaciones legítimas sin obstáculos⁴⁶. Aunque los gobiernos pueden argumentar que el corte de Internet es necesario para prohibir la difusión de noticias sobre atentados terroristas para evitar el pánico o los ataques de imitación, se ha comprobado, en cambio, que el mantenimiento de la conectividad puede mitigar los problemas de seguridad pública y ayudar a informar sobre el orden público⁴⁷.

Como mínimo, si se va a limitar el acceso a Internet, debe haber transparencia en cuanto a las leyes, políticas y prácticas en las que se basan, definiciones claras de términos como “seguridad nacional” y “terrorismo”, y una supervisión independiente e imparcial que se ejerza.

Evidencia de Apagones de internet

Los apagones de internet o “internet shutdowns” son acciones en las que las autoridades gubernamentales o proveedores de servicios de conexión a internet interrumpen deliberadamente el acceso a internet en una región o país.

En América Latina, esta estrategia de represión se ha utilizado en numerosas ocasiones para desarticular la organización de protestas populares u obstaculizar la salida de información de primera mano registrada por la ciudadanía. Por ejemplo, durante las protestas populares de Cuba en julio de 2021, tuvo lugar un apagón por la suspensión de internet y datos móviles que fueron cruciales en la convocatoria de las manifestaciones. El Gobierno negó una política oficial de apagón y culpó a los problemas de electricidad por la falta de acceso a redes sociales⁴⁹.

Tal como en el caso de Cuba, la responsabilidad por los apagones de internet suele ser atribuída por parte de los Gobiernos a motivos externos, como fallas en la infraestructura, emergencias nacionales o ataques cibernéticos anónimos. A su vez, las administraciones públicas rara vez son transparentes en lo que respecta a sus acciones de censura o control de la información. Por tal razón, el acceso de organizaciones ciudadanas o periodistas a los datos técnicos de los que disponen los Gobiernos sobre los apagones es muy limitado o prácticamente nulo⁵⁰.

Para recoger evidencia de violaciones a la libertad de expresión en casos de apagones de internet, se utilizan una variedad de métodos y fuentes de información disponibles. Aquí hay algunas formas de abordar esta cuestión, como el monitoreo en tiempo real (se usan herramientas de monitoreo en línea para registrar la disponibilidad de sitios web, servicios en línea y redes sociales), reportes ciudadanos (testimonios de personas que experimentan el apagón en tiempo real) y análisis técnicos (como el análisis de mediciones de velocidad de conexión).

Existen iniciativas que combaten estas tácticas de represión. Una de ellas es KeepItOn, un proyecto de la organización sin fines de lucro Access Now que se enfoca en documentar y denunciar estos apagones⁵¹. Según explica Access Now, la organización utiliza una combinación de datos cuantitativos y cualitativos para registrar la cantidad de apagones de internet cada año, incluyendo la evaluación de su magnitud, alcance y causas ⁵². La metodología incluye referencias a datos de socios de #KeepItOn, la comunidad de medición, medios de comunicación y otras fuentes. La organización también emplea herramientas técnicas para recopilar y verificar la información.

B.    Bloqueo y el filtrado de contenidos

Conceptos clave

Aunque es una medida menos drástica que el corte total de Internet, el bloqueo y el filtrado de contenidos en línea también puede obstaculizar el pleno disfrute del derecho a la libertad de expresión.

El bloqueo/filtrado se ha definido de la siguiente manera:

“[L]a diferencia entre ”filtrar” y ”bloquear” es una cuestión de escala y perspectiva.

• El filtrado se asocia comúnmente con el uso de tecnología que bloquea páginas por referencia a ciertas características, como patrones de tráfico, protocolos o palabras clave, o sobre la base de su conexión percibida con contenidos considerados inapropiados o ilegales;

• El bloqueo, por el contrario, suele referirse a impedir el acceso a sitios web, dominios, direcciones IP, protocolos o servicios específicos incluidos en una lista negra”⁶¹.

¿Cuál es la tensión con la Libertad de Expresión?

En principio, ni los Estados ni los intermediarios pueden filtrar o bloquear contenidos de Internet. Sin embargo, existen casos muy excepcionales en los cuales una autoridad judicial puede determinarlo así en un proceso transparente e imparcial, cuando sea necesario y proporcionado con la finalidad imperativa que persigue⁶². Las medidas de filtrado o bloqueo tendentes a combatir el discurso del odio son medidas de última ratio. Por ejemplo, en relación con sitios web que distribuyen pornografía infantil. Empero, todavía se requiere que tales medidas cumplan con el test tripartito para una limitación justificable. Esto deberá evaluarse caso por caso.

En 2016, la Relatoría Especial sobre libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas señaló que “[e]l bloqueo de las plataformas de Internet y el cierre de la infraestructura de telecomunicaciones son amenazas persistentes, ya que incluso si se basan en la seguridad nacional o el orden público, tienden a bloquear las comunicaciones de a menudo millones de personas”⁶³. Esto supone una limitación evidente del derecho a la libertad de expresión, y puede limitar aún más una serie de otros derechos.

El Relator Especial sobre la Libertad de Expresión ha señalado, además, que los cortes de la red no cumplen invariablemente con el criterio de necesidad⁶⁴, y son generalmente desproporcionados⁶⁵. Los Estados a menudo tratan de justificar esto con base en la seguridad nacional, que se discutirá más adelante.

C.    Cifrado Y Anonimato En Internet

Conceptos clave

• La encriptación se refiere a un proceso matemático que convierte los mensajes, la información o los datos en una forma ilegible para cualquiera, excepto para el destinatario previsto, protegiendo así la confidencialidad y la integridad del contenido contra el acceso o la manipulación de terceros⁶⁷. Con un “cifrado de clave pública” —la forma dominante de seguridad de extremo a extremo para los datos en tránsito— el remitente utiliza la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje y sus anexos, y el destinatario utiliza su propia clave privada para descifrarlos⁶⁸. También es posible cifrar los datos en reposo que se almacenan en el propio dispositivo, como un ordenador portátil o un disco duro⁶⁹.

• El anonimato puede definirse como el hecho de actuar o comunicarse sin utilizar o dar a conocer el propio nombre o identidad, o cómo actuar o comunicarse de forma que se proteja la determinación del nombre o la identidad, o la posibilidad de utilizar un nombre inventado o supuesto que no esté necesariamente asociado a la identidad legal o habitual⁷⁰. El anonimato puede distinguirse del pseudo anonimato: el primero se refiere a no adoptar ningún nombre, mientras que el segundo se refiere a adoptar un nombre supuesto⁷¹.

El cifrado y el anonimato son herramientas necesarias para el pleno disfrute de los derechos digitales y gozan de protección en virtud del papel fundamental que desempeñan para garantizar la libertad de expresión y la privacidad. Como describe la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión⁷²:

“El cifrado y el anonimato, por separado o conjuntamente, crean una zona de privacidad para proteger la opinión y las creencias. Por ejemplo, permiten las comunicaciones privadas y pueden proteger una opinión del escrutinio exterior, algo especialmente importante en entornos políticos, sociales, religiosos y jurídicos hostiles. Cuando los Estados imponen una censura ilegal mediante el filtrado y otras tecnologías, el uso de la encriptación y el anonimato puede permitir a los individuos sortear las barreras y acceder a la información y las ideas sin la intromisión de las autoridades. Los periodistas, los investigadores, los abogados y la sociedad civil confían en la encriptación y el anonimato para protegerse (y proteger a sus fuentes, clientes y socios) de la vigilancia y el acoso. La capacidad de buscar en la red, desarrollar ideas y comunicarse de forma segura puede ser la única manera en que muchos pueden explorar aspectos básicos de la identidad, como el género, religión, etnia, origen nacional o sexualidad. Los artistas confían en el cifrado y el anonimato para salvaguardar y proteger su libre expresión, especialmente en situaciones en las que no es sólo el Estado el que crea limitaciones, sino también la sociedad que no tolera opiniones o expresiones no convencionales”.

El cifrado y el anonimato son especialmente útiles para el desarrollo y el intercambio de opiniones en línea, sobre todo en circunstancias en las que las personas pueden estar preocupadas por la posibilidad de que sus comunicaciones sean objeto de interferencias o ataques por parte de agentes estatales o no estatales. Se trata, por tanto, de tecnologías específicas a través de las cuales los individuos pueden ejercer sus derechos. 

Según el Reporte de las Naciones Unidas sobre cifrado y anonimato, aunque estas herramientas pueden frustrar a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y de la lucha contra el terrorismo, las autoridades estatales generalmente no han proporcionado una justificación pública adecuada para apoyar la restricción o para identificar las situaciones en las que la restricción ha sido necesaria para lograr un objetivo legítimo⁷³.

¿Cuál es la tensión con la Libertad de Expresión?

Las prohibiciones absolutas del uso individual de la tecnología de encriptación restringen de forma desproporcionada el derecho a la libertad de expresión, ya que privan a todos los usuarios en línea de una jurisdicción concreta del derecho a forjarse un espacio para la opinión y la expresión, sin que se alegue en particular que el uso de la encriptación tiene fines ilícitos⁷⁴. Asimismo, la regulación estatal de la encriptación puede equivaler a una prohibición, por ejemplo, mediante la exigencia de licencias para el uso de la encriptación, el establecimiento de normas técnicas débiles para la encriptación o el control de la importación y la exportación de herramientas de encriptación⁷⁵.

El Reporte de las Naciones Unidas sobre cifrado y anonimato pide a los Estados que promuevan el cifrado fuerte y el anonimato, y ha señalado que las órdenes de descifrado sólo deberían ser permisibles cuando sean el resultado de leyes transparentes y accesibles al público, aplicadas únicamente de forma selectiva y caso a caso a los individuos (no a un grupo masivo de personas), y sujetas a una orden judicial y a la protección de los derechos de las personas a un proceso justo⁷⁶.

De esta manera, el cifrado y el anonimato en Internet permiten el desarrollo de un ámbito de privacidad para la protección de opiniones y creencias del escrutinio e injerencias externas, que puedan vulnerar la libertad de expresión de las personas.  Por lo tanto, cuando los Estados imponen censura ilegal mediante filtros y otras tecnologías, el uso del cifrado y el anonimato puede empoderar a las personas para eludir barreras y acceder a información e ideas sin la intrusión de las autoridades, y así promover el derecho a la libertad de expresión.

D.    Neutralidad

Conceptos clave

La neutralidad de la red se refiere al principio de que todo el tráfico de datos de internet debe ser tratado por igual, sin interferencias indebidas, promoviendo el acceso más amplio posible a la información en Internet⁷⁷. Según el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, lo que persigue este principio “es que la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferencia”⁷⁸.

En otras palabras, los proveedores de servicios de Internet deben tratar todos los datos que viajan por sus redes de forma equitativa, sin discriminación indebida a favor de una aplicación, sitio web o servicio concreto⁷⁹. La discriminación en este sentido puede referirse a la afectación de la información de forma que se detenga, ralentice o dificulte de cualquier otra forma la transferencia de cualquier dato, excepto con un propósito legítimo de gestión de la red, como aliviar la congestión o bloquear el spam⁸⁰.

La Relatoría Especial sobre  Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, en su informe de 2017, describe dos formas clave en las que la neutralidad de la red puede verse afectada⁸¹:

• Priorización de pago: los prestadores dan tratamiento preferencial a cierto tipo de tráfico en Internet sobre otros a cambio de un pago o de otros beneficios comerciales.

• Tarifa cero (“zero-rating”): práctica en donde no se cobra por el uso de datos relacionados con una aplicación o servicio determinado; mientras que otros servicios o aplicaciones se encuentran sujetas a un costo medido.

De acuerdo con un estudio de neutralidad de red en América Latina, el mayor desafío de implementación de este principio es la oferta de planes de tarifa cero, aquellas que eximen al usuario del pago por el tráfico de datos de determinados servicios y aplicaciones, que además no son combatidos por los órganos reguladores⁸². No obstante, la importancia de la neutralidad de la red ha sido reconocida de manera creciente en el mundo. Cabe destacar que Chile y los Países Bajos⁸³ han sido de los pioneros en expedir leyes específicas con el objeto de protegerla.

Posterior a Chile, que fue el primer país en la región y en el mundo en reglamentar el principio de neutralidad en 2010, le siguió en América Latina, Colombia en 2011 con la Ley 1450 de 2011. En Brasil, las discusiones sobre derechos de Internet comenzaron en 2008, pero solo fue hasta el 2014 que el Senado Federal del Brasil aprobó el Marco Civil de Internet, cuyo objetivo es introducir el respeto a los derechos civiles en el uso de internet. En Argentina, también en el 2014, la Ley Argentina Digital, sobre tecnologías de la información y las comunicaciones, incluyó el principio de neutralidad de la red. En el caso de México, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014 plantea el concepto de neutralidad de red, pero aún no ha sido reglamentado con definiciones que precisan su alcance⁸⁴. Por último, en Ecuador se introdujo el derecho de los usuarios a hacer uso de los servicios de Internet de manera libre, sin distinciones o priorizaciones arbitrarias, permitiéndose la gestión de tráfico por los prestadores con fines de garantizar el servicio a partir de 2012 con la Resolución TEL-477-16-CONATEL-2012. Posteriormente, en 2015, se promulgó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la cual estableció como objetivo el fomentar la neutralidad de la red.

¿Cuál es la tensión con la Libertad de Expresión?

Del mismo modo, las limitaciones a la neutralidad de la red también pueden permitirse en determinadas circunstancias, por ejemplo, con fines legítimos de gestión de la red. No obstante, como principio general, no debe existir discriminación en el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet, independientemente del dispositivo, contenido, autor, origen y/o destino del contenido, servicio o aplicación⁸⁵. Además, los intermediarios de Internet deben ser transparentes sobre cualquier tráfico o prácticas de gestión de información que empleen, y la información relevante sobre tales prácticas debe estar disponible en una forma que sea accesible para todas las partes interesadas⁸⁶.

Chile

La Ley N.º 20.453 consagró el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet. Asimismo, el Decreto N.º 368 establece el reglamento que regula las características y condiciones de la neutralidad de la red en el servicio de acceso a Internet. Puntualmente el artículo 24.H de ley citada indica:

“Las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet y también estos últimos; entendiéndose por tales, toda persona natural o jurídica que preste servicios comerciales de conectividad entre los usuarios o sus redes e Internet:

a) No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de la conexión a Internet según el contrato vigente con los usuarios”⁸⁷.

Así, en virtud del principio de neutralidad, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia chileno prohibió a una compañía de telecomunicaciones, y proveedora de acceso a Internet el adoptar medidas para restringir o dificultar el uso de la capacidad de ancho de banda para efectuar prestaciones de servicio de telefonía sobre Internet. El Tribunal consideró que la compañía incurrió en una práctica restrictiva de la libre competencia con el objeto de restringir la entrada de otros potenciales competidores al mercado de la prestación de servicios de telefonía⁸⁸.

Colombia

Conclusión

Si bien el derecho de acceso a Internet aún no encuentra un reconocimiento expreso en el derecho internacional, se considera, en general, que es un facilitador del derecho a la libertad de expresión y, como ocurre con todos los derechos humanos, sólo puede limitarse justificadamente si se cumple el test tripartito. Además, las restricciones a Internet pueden infringir indebidamente la libertad de expresión y otros derechos asociados. En un mundo digital en rápido desarrollo, Internet se está convirtiendo cada vez más en un espacio disputado y lo utilizan, por igual, quienes buscan defender los derechos fundamentales y quienes buscan limitarlos. La comprensión adecuada de conceptos como el corte de Internet, el bloqueo y el filtrado de contenidos, la neutralidad de la red y la responsabilidad de los intermediarios son cada vez más necesarios para proteger y promover plenamente el derecho a la libertad de expresión en línea.