Media Defence ha presentado un escrito de amicus curiae ante la Corte Constitucional de Colombia en una demanda de inconstitucionalidad contra dos disposiciones del Código Penal colombiano. Según los artículos 220 y 221 del Código Penal, las personas acusadas de hacer “imputaciones deshonrosas” pueden enfrentarse a penas de hasta cuatro años y medio de cárcel, mientras que las personas acusadas de difamación están sujetas a penas de hasta seis años de cárcel.[1] La organización no gubernamental colombiana El Veinte impugnó la constitucionalidad de estas disposiciones.
El caso plantea cuestiones importantes en torno al efecto de las disposiciones penales, en particular las que imponen penas de cárcel, sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
Al respecto, una vez que la Corte Constitucional ya emitió una sentencia sobre la proporcionalidad de estas leyes, el escrito de amicus curiae se concentra en el efecto amedrentador de dichas disposiciones. Así, sostiene que las leyes penales de difamación son pasibles de abuso y que exponen a los periodistas al riesgo de recibir penas de cárcel por informar sobre asuntos de interés público.
El amicus señala que las leyes penales de difamación son per se incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y que constituyen una injerencia injustificada sobre la libertad de expresión. También subraya que la posibilidad de ser condenado a una pena de prisión por informar, significa que los periodistas se autocensuran a menudo.
La intervención argumenta que este efecto amedrentador constituye una forma de censura previa que no está permitida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La censura previa supone una limitación especialmente grave de la libertad de expresión, ya que restringe el discurso incluso antes de ponerse a disposición del público.
¿Eres periodista y necesitas ayuda? Haga clic aquí.
[1] Código Penal de Colombia, actualizado por última vez el 20 de abril de 2023 (disponible aquí).
