¿Son las leyes sobre noticias falsas la mejor manera de enfrentar la desinformación?

A finales de 2021, Grecia se unió a la creciente lista de países que legislan contra las noticias falsas. Una enmienda aprobada al Código Penal se introdujo para procesar a los ciudadanos griegos que difundan información falsa durante la pandemia de COVID-19. Cualquier ciudadano que difunda información falsa sobre salud pública podría enfrentarse a penas de hasta 5 años de cárcel. Esta medida, junto con otras medidas similares globalmente, alarmó a periodistas y defensores de los derechos humanos.

Al fin y al cabo, ¿quién decide lo que constituyen “noticias falsas”? ¿Y qué impide esta nueva legislación de convertirse en un instrumento de censura institucionalizada?

Información incorrecta frente a desinformación

Abordar el problema de la desinformación es especialmente complicado en razón de la dificultad de definir este concepto.

A veces descritas como “noticias falsas” o “fake news”, estas noticias engañosas pueden adoptar muchas formas. Estos términos abarcan historias fabricadas además de otras que omiten información clave o que sólo presentan un punto de vista. Algunas historias pueden contener un núcleo de verdad, pero omiten información contextual clave que las hace engañosas. “La desinformación” también puede incluir parodias o sátiras, que pueden engañar a los lectores si toman su mensaje al pie de la letra.

La distinción clave entre “información incorrecta” y “desinformación” es su propósito: la “información incorrecta” suele ser información inexacta que la gente escribe y difunde sin darse cuenta, mientras que el propósito de la “desinformación” es engañar. La “desinformación” se convierte en un arma y  a veces se relaciona con la intromisión extranjera. Sin embargo, la legislación sobre noticias falsas rara vez reconoce las diferencias, y esta ambigüedad la deja expuesta a abuso.

El daño de la desinformación

En los últimos años hemos visto un preocupante aumento de la desinformación. Facilitada por el Internet y las redes sociales, las personas pueden compartir historias falsas con facilidad y rapidez. Compartir información falsa en línea puede afectar muchas cosas, desde los precios de las acciones hasta las elecciones y la protesta social.

Esto fue especialmente evidente durante la pandemia de COVID-19, cuando la desinformación  acerca del virus era abundante. Descrita como la “infodemia”, el rápido aumento de información inexacta socavó los esfuerzos de las autoridades sanitarias  para combatir el virus. Lo anterior generó graves consecuencias, a veces fatales.

A finales de marzo de 2020, empezaron a circular rumores sobre medicamentos y tratamientos sin comprobación científica. En Nigeria, las internaciones hospitalarias por intoxicación con hidroxicloroquina provocaron avisos contra el uso del medicamento por parte de las autoridades sanitarias del estado de Lagos.  En Estados Unidos, tras los tuits del presidente Trump, una pareja ingirió fosfato de cloroquina, un aditivo empleado para limpiar peceras, con la esperanza de evitar la infección. Ambos se enfermaron gravemente y el marido murió poco después.

En Irán, por ejemplo, la desinformación llevó a miles de personas a ingerir metanol como cura contra el virus. Como resultado, la intoxicación etílica mató a más de 700 personas y dejó ciegas a otras 90. Mientras las afirmaciones no confirmadas sobre supuestas “curas” se propagaban rápidamente por Internet, la fe en vacunas seguras y eficaces contra el COVID-19 disminuía. Un estudio realizado en Australia reveló que el 24,3% de los participantes dudaban o no estaban dispuestos a vacunarse contra el COVID-19. De ellos, el 89% estaban preocupados por la eficacia y la seguridad de la vacuna y el 27% no creían que la vacuna contra el COVID-19 fuera necesaria.

Legislar la desinformación

Existe un debate en curso  acerca de la regulación de las noticias falsas y la desinformación. Es necesaria la legislación para proteger a los ciudadanos de la información engañosa o infringe el derecho a la libertad de expresión?

En marzo de 2017, la ONU y los organismos regionales de derechos humanos publicaron la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y “Fake News”, Desinformación y Propaganda. La Declaración consideró que criminalizar el intercambio de información basada en ideas vagas y ambiguas, como las “noticias falsas”, es incompatible con las normas internacionales en materia de restricciones a la libertad de expresión.

A pesar de la Declaración Conjunta, muchos gobiernos han aprobado leyes de “noticias falsas” de mano dura en respuesta al problema. Por ejemplo, tras el brote de COVID-19, Sudáfrica aprobó una vaga y amplia normativa que penalizaba contenido engañoso sobre la pandemia o las medidas que el gobierno tomó para responder a COVID-19. A principios de 2021, el gobierno de Malasia utilizó poderes de emergencia para aprobar una ley sobre noticias falsas tras la revocación de intentos anteriores. La normativa establecía penas de cárcel de hasta tres años por publicar o compartir cualquier información “totalmente o parcialmente falsa” sobre la pandemia o el estado de emergencia que entró en vigor en enero de aquel año.

Nuestro papel

No cabe duda de que las leyes sobre noticias falsas interfieren con el trabajo de los periodistas y que tienen un efecto escalofriante sobre la libertad de expresión. Cuando es posible, cuestionamos esas leyes a nivel nacional y regional.

En diciembre de 2014, un juez del Tribunal Superior de Zambia anuló lo dispuesto en artículo 67 del Código Penal, que prohibía la publicación de las supuestas “noticias falsas”. En esencia, la ley obligaba a los periodistas a verificar la veracidad de cualquier declaración, ya fuera propia o ajena, antes de poder reportar noticias . Con nuestro apoyo, el abogado Marshal Muchende argumentó con éxito que la ley era un grave obstáculo para la libertad de prensa. Se puede leer más sobre esta decisión aquí.

Más recientemente, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO dictó una sentencia histórica en el caso de la Federación de Periodistas Africanos y otros contra Gambia. Ese Tribunal declaró que las autoridades estatales habían violado los derechos de cuatro periodistas gambianos en virtud de la aplicación de leyes sobre noticias falsas.  Asimismo, constató que los agentes de seguridad detuvieron, hostigaron y encarcelaron arbitrariamente a los periodistas. Como consecuencia de sus reportajes, muchos se exiliaron por  temor a persecución.

Además de nuestro enfoque principal de  emprender litigios estratégicos, cuyo objetivo es que estas leyes sean declaradas inconstitucionales o inconvencionales, también apoyamos a individuos. Estamos apoyando la defensa urgente de periodistas acusados de publicar noticias falsas en países como Bangladesh, Ruanda, Camerún y Polonia.

Educación, no legislación

Combatir eficazmente la desinformación sigue siendo un asunto contemporáneo urgente. Juristas, académicos y activistas sugieren distintos remedios. En cualquier caso, es esencial que frenemos la desinformación sin violar la libertad de expresión.

Los gobiernos están recurriendo cada vez más a estrategias sociales y educativas para combatir la desinformación. Así se evitan amplias disposiciones legislativas que penalizan o infringen el derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, Finlandia, recientemente calificada como la nación europea menos susceptible a las noticias falsas, ha empezado a enseñar a los niños a identificar las noticias falsas en la escuela primaria a través de la alfabetización mediática e informacional. Para reforzar estas habilidades, las escuelas secundarias introdujeron la alfabetización informativa multiplataforma en 2016. El pensamiento crítico es un componente fundamental y transversal del currículo nacional. Otros países, como Nigeria, Canadá y los Países Bajos, están adoptando enfoques similares.

También observamos  una creciente inversión en la comprobación de hechos. En la última década verificadores de información independientes han surgido en más de 50 países en todos los continentes. Según el dato mundial más fiable, en la actualidad hay 113 grupos de este tipo activos.

En 2019, unimos fuerzas con la International Fact-Checking Network y el Reporters Committee for Freedom of the Press para ofrecer un nuevo mecanismo a los fact-checkers. Mientras la demanda para  fact-checking sigue aumentando, el abuso y el acoso que se enfrentan los fact-checkers independientes también ha aumentado. Esta colaboración contribuyó a garantizar que los fact-checkers pudieran seguir realizando su importante trabajo, brindándoles apoyo legal y publicando guías para ayudarles a navegar y mitigar las amenazas emergentes.

Conclusión

La llegada del Internet ha facilitado la difusión de noticias falsas con más rapidez y amplitud que nunca. Esa desinformación puede alimentar la polarización política, influenciar las elecciones y perturbar la salud pública. Sin embargo, es esencial que evitemos una legislación de gran alcance que viole el derecho a la libertad de expresión.

El Juez Asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Anthony Kennedy, en su decisión mayoritaria en el caso Estados Unidos contra Álvarez sostuvo que “[e]l remedio para el discurso falso es el discurso verdadero.  Este es el curso normal en una sociedad libre”. Las estrategias de alfabetización mediática e informativa, junto con la comprobación de hechos y la publicación de contra narrativas, siguen siendo la vanguardia principal en la lucha por la verdad.

Para saber más sobre litigio contra noticias falsas y desinformación, descargue nuestros módulos gratuitos aquí.

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