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#DiaMundialDeLaLibertadDePrensa: Proteger a los Periodistas Nunca Había Sido Tan Importante en América Latina

Los periodistas son clave para proteger y vigilar los escasos recursos que existen para atender la pandemia de COVID-19 en América Latina. Su tarea no es fácil. Los periodistas que cubren temas sensibles como la corrupción siempre enfrentan amenazas, acoso y violencia.

#DiaMundialDeLaLibertadDePrensa: Proteger a los Periodistas Nunca Había Sido Tan Importante en América Latina

La periodista colombiana Jineth Bedoya fue laureada con el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO-Guillermo Cano 2020. Tras veinte años, las condiciones que llevaron al secuestro, tortura y violencia sexual contra ella en 2000 mientras cubría un caso de corrupción y violaciones de derechos humanos en prisiones son similares en buena parte de América Latina

Como pasó con Bedoya, los periodistas que denuncian violaciones de derechos humanos y casos de corrupción en el continente son sujetos a todo tipo de censura. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) resaltan que los periodistas han sido esenciales en la lucha contra la corrupción, pero la violencia contra ellos se intensifica. De acuerdo con el índice 2020 de Reporteros Sin Fronteras, aquellos que cubren temas sensibles han vivido un incremento de violencia e intimidación.

La corrupción es un reto diario para muchas personas en América Latina y buena parte de quienes la sufren tienen miedo de denunciar. De acuerdo al Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, al menos una de cada cinco personas que accedieron a servicios públicos como salud tuvieron que pagar un soborno; a una de cada cuatro le ofrecieron sobornos a cambio de su voto y cerca de tres de cada cuatro creen que sufrirán una retaliación. La CIDH ha dicho que el impacto de la corrupción en los derechos humanos es severo porque merma la capacidad de los gobiernos de prestar servicios y desvía recursos críticos para la sociedad en general y para grupos vulnerables en particular.

Ese mismo informe de Transparencia Internacional muestra que al menos 77% de las personas creen que la gente del común puede hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción. Esto se vio en el 2019, cuando la inequidad, corrupción y la debilidad de las instituciones democráticas llevó a miles de personas a las calles de América Latina.

 

Algunas demandas que llevaron a la gente a las calles se sienten pausadas a raíz de la necesidad de permanecer en casa como respuesta a la pandemia de la COVID-19; un ejemplo de esto es el aplazamiento del plebiscito constitucional de Chile del 26 de abril al 25 de octubre, que buscaba responder el descontento ciudadano. Pero la inequidad y la corrupción persiste y tiene efectos en la vida de las personas. El ejemplo más tenebroso es en Ecuador, donde los cuerpos han sido dejado en las calles. En Colombia, la gente está colgando trapos rojos y banderas para alertar que tienen hambre, mientras que las denuncias de corrupción en el gasto público para atender la pandemia aparecen en este país y en otros lugares como Argentina y Brasil.

 

Las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión y el periodismo tienen un efecto directo en la capacidad de los periodistas para denunciar estos temas. Ha habido reportes de varios tipos de restricciones relacionadas con el cubrimiento de la COVID-19 en países como Bolivia, ParaguayMexico, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras por medio de restricciones al acceso a la información pública o a conferencias de prensa, arrestos, la promoción de leyes restrictivas que castigan la “desinformación” como excusa para silenciar la crítica, o la adopción de normas que derogan la aplicación de los derechos fundamentales.

Los medios siempre han jugado un rol clave para exponer irregularidades y abusos en el hemisferio y su trabajo es incluso más crucial en días como estos. El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión ha señalado reciente que los gobiernos deben proteger y promover el trabajo de los periodistas, al igual que permitirles continuar su labor a través de medidas como, cuando sea aplicable, clasificarlos como trabajadores esenciales. Estas recomendaciones son fundamentales en una región con un contexto repetitivo de violencia contra la prensa como es América Latina.

El hemisferio está cambiando y la gente está tomando parte. La pandemia ha puesto muchas de las deficiencias de los gobiernos en evidencia y los periodistas tienen que tener todas las garantías para dar información sobre esto.

 

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