Argentina: Decreto restringe el acceso a la información pública y vulnera la libertad de expresión

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Este artículo fue preparado para Media Defence por la Fundación Transparencia Activa, una ONG argentina que trabaja en la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública.

En septiembre de 2024 el gobierno de Argentina, liderado por el presidente de la nación Javier Milei, emitió el Decreto 780/2024, que modifica la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Este cambio ha desatado un intenso debate sobre la libertad de expresión, la transparencia y la protección de los datos personales de los solicitantes de información.^[1] El decreto llega en un contexto de constantes ataques estigmatizantes contra la prensa y con el objetivo declarado de “desburocratizar el Estado”. Sin embargo, las consecuencias parecen indicar una preocupante restricción de derechos fundamentales.

Restricciones al acceso a la información y el anonimato

Uno de los puntos más controvertidos del Decreto 780/2024 es la exigencia de que los solicitantes de información verifiquen su identidad antes de realizar cualquier solicitud. Esto implica que los ciudadanos, periodistas, exfuncionarios y otros actores interesados en la transparencia pública, deben someterse a un sistema de monitoreo estatal, quedando registrados y sujetos a posibles sanciones. Esta medida ha sido justificada bajo el argumento de evitar lo que el gobierno denomina “pedidos molestos” sobre la privacidad de los funcionarios, o una supuesta sobrecarga en el sistema de acceso a la información, algo que los datos oficiales desmienten, ya que no ha habido un aumento significativo en las solicitudes.

La Fundación Transparencia Activa, una ONG argentina, ha destacado cómo estas restricciones al anonimato comprometen la privacidad y generan un ambiente de censura informativa, especialmente para periodistas que realizan investigaciones sobre asuntos públicos. La identificación obligatoria de los solicitantes afecta gravemente el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión, generando un clima de autocensura por temor a represalias.

Un sistema judicial que evita abordar el fondo del problema

El nuevo decreto también ha dejado en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y la sociedad civil. En 2023, la Fundación Transparencia Activa inició una causa judicial estratégica en defensa del anonimato de los solicitantes de información pública. No obstante, la justicia argentina negó la legitimación de la ONG para representar a los ciudadanos afectados, argumentando que no existía un caso concreto. Este aspecto está aún pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el panorama se ha agravado con la entrada en vigor del Decreto 780/2024, ya que la Fundación ha solicitado su declaración de inconstitucionalidad, argumentando que formaliza una intención persecutoria detrás de la identificación de los solicitantes de información. Pese a ello, la justicia ha evitado hasta el momento pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, utilizando argumentos formales para no abrir un debate que podría sentar precedentes importantes sobre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

Amenazas a la libertad de expresión en Argentina

La aprobación de este decreto y la falta de respuesta judicial ponen en riesgo el derecho de los ciudadanos a informarse y ser informados sobre los asuntos públicos. Este derecho, esencial para el funcionamiento de cualquier democracia, se ve ahora gravemente amenazado en Argentina. La Fundación Transparencia Activa continúa señalando los peligros de estas medidas, que limitan el acceso a la información y restringen el flujo de noticias e investigaciones, afectando especialmente a la prensa y a los comunicadores.

Ante este panorama, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos deben redoblar esfuerzos para proteger la libertad de expresión y asegurar que el Estado no use herramientas legales para coartar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

^[1] El dictado del Decreto Nº 780/2024 tuvo amplia repercusión en los medios y mereció un álgido debate público en el seno de un amplio sector de las organizaciones y de referentes de sociedad civil, muchas de las cuales han señalado que constituye un grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública.  A modo de ejemplo, puede mencionarse que más de setenta organizaciones emitieron un comunicado manifestando preocupación ante lo que consideraron un intento de restringir el acceso a la información por vía reglamentaria (ver https://www.lanacion.com.ar/politica/acceso-a-la-informacion-publica-70-organizaciones-le-pidieron-a-javier-milei-que-deje-sin-efecto-su-nid03092024/)