Acoso judicial o el fenómeno de silenciar sin matar

This article is written by our partner Propuesta Cívica based in Mexico.
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“Demandé al periodista, pero no lo maté…”

– Marta Ruiz

Vivir o habitar en América Latina es, entre otras cosas, tener conocimiento de realidades políticas y sociales que desafían el ejercicio de derechos frente a poderes institucionalizados o fácticos. Tal es el caso de las agresiones hacia la libertad de prensa, las cuales suceden a nivel físico, jurídico, mediático y social.

Estos últimos años, organismos internacionales y regionales de protección a derechos humanos han realizado llamados constantes para garantizar la pluralidad de información e ideas, la protección a periodistas y la condena hacia sus agresiones. Dichas agresiones son plurales, es decir, pueden ir desde la erradicación de la vida o la desaparición, hasta el inicio de procesos judiciales en contra de periodistas para reprimir, inhibir o silenciar las voces críticas o la mera difusión de asuntos de interés público.

Como organización de sociedad civil, hemos documentado el aumento del uso de acciones legales -de cualquier naturaleza, sea criminal, civil o administrativa- en contra de periodistas en Latinoamérica. Las SLAPPs (siglas en inglés para Litigio Estratégico contra la Participación Pública), es una táctica donde una persona o personas supuestamente afectadas por publicaciones periodísticas usa las vías judiciales -a través de demandas civiles por daño a su decoro, honra y dignidad o denuncias penales-, para reprimir e intimidar a quien publicó o pretende publicar en contra de ellos.

¿Quién inicia los procesos judiciales contra periodistas?

En materia civil, las demandas se inician por actores empresariales o figuras públicas, quienes disfrazan sus demandas como demandas ordinarias, cuando en realidad constituyen un abuso del sistema legal. Destacamos que es frecuente que estas demandas no ofrezcan o no cuenten con evidencia de la negligencia periodística ni de afectaciones hacia su persona, además de exigir sumas exorbitantes de indemnización a su favor.

Por ejemplo, en 2022 algunos integrantes del semanario Río Doce y de la organización de la sociedad civil Quinto Elemento Lab, fueron demandados por vía civil por los hermanos Arellano Hernández, empresarios de Mazatlán, Sinaloa. La demanda se originó por la publicación de dos investigaciones tituladas “Los otros hermanos Arellano” y “Los Nexos de García Luna con Grupo ArHe” donde “presentan los avances y hallazgos de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) sobre transacciones y vinculaciones familiares y políticas de un consorcio de empresas, principalmente por el grupo empresarial Grupo ArHe”. Esta demanda no prosperó, pues los empresarios se desistieron de la misma después de la solicitud directa del gobernador de Sinaloa^[1].

¿Cuál es el objetivo de la presentación de SLAPPs?

El objetivo de las SLAPP no es necesariamente establecer precedentes o ganar sentencias que determinan la existencia de un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, si no agotar a los demandados en procesos judiciales largos y costosos, además de generar zozobra o angustia a la persona ante la posibilidad de ser condenada y pagar millones de pesos o dólares por concepto de reparación. Honduras, Perú, Guatemala y México se destacan por ser los países con más casos reportados de SLAPP, seguidos por Ecuador, Colombia, Panamá y Nicaragua^[2].

Tal es el caso del periodista Sergio Aguayo Quezada, quien lleva 8 años de procesos civiles iniciados por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, por supuesto daño moral.

El periodista y académico Aguayo Quezada, escribe principalmente notas de temas relacionados con política, democracia, seguridad y derechos humanos. Humberto Moreira ha demandado en dos ocasiones al periodista: en 2016 tras la publicación “Hay que esperar” (columna publicada en el Diario Reforma), donde el periodista vinculó presuntamente en asuntos de corrupción e impunidad al exgobernador de Coahuila; y en 2022,  por la publicación del libro “Reconquistando la Laguna” (publicado en el 2020 para el Colegio de México), y por los dichos del periodista vertidos en el podcast, “El café de la mañana” del 27 de julio de 2021^[3].

Es importante señalar que la segunda demanda se presenta después de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -máxima autoridad judicial en México- resolviera el amparo directo 30/2020, en el cual determinó que la columna “Hay que esperar” representaba un ejemplo del ejercicio de la libertad de expresión protegido por la Constitución y tratados internacionales y lo absolvió.

En cuanto al segundo caso, el proceso se encuentra detenido pues los abogados de Moreira han presentado recursos legales para alargar el proceso y evitar que se llamen a juicio a los coautores y la casa editorial del libro “Reconquistando la Laguna”.

¿Estos procesos judiciales tienen impactos en los periodistas?

Los efectos de las demandas también se ven reflejados en la salud psicoemocional y física de periodistas. Se pudo observar que los periodistas demandados tuvieron secuelas físicas y en la integridad de su persona, derivado de la angustia y ansiedad que genera la posibilidad de ser condenados y pagar sumas de dinero exorbitantes. Entre estos, se destacan campañas de desprestigio, efectos en la vida familiar, impactos sociales y efectos económicos y laborales.

“Me dio tanto miedo, que dije: en el momento en que se termine la demanda, ya no quiero ser periodista, ya no quiero ser reportera”^[4] (Roxana Romero García)

“Las dos demandas fueron desgastantes para mi salud física y emocional, ya llevaba un cúmulo de violencia y presión por escribir y defender la libertad de expresión, más estos mil 112 días de vivir en la zozobra, decidí hacer una pausa en el periodismo, pero sigo pensando en regresar porque hay historias que aún se deben escribir”^[5] (Norma Trujillo).

Entonces, ¿en qué condiciones se desarrollan los procesos civiles contra periodistas?

En una seria y grave inequidad. Hemos documentado cómo, en la gran mayoría de los casos, permea una desigualdad entre las partes del conflicto, en términos de poder político, económico y/o social entre la persona que intenta reprimir el ejercicio periodístico -la persona demandante- y la persona que resiente esta acción -periodista o medio de comunicación-. Este factor compromete las posibilidades de defensa de la libertad de expresión en tanto no tienen los mismos recursos para financiar una asistencia jurídica de calidad, como las partes demandantes.

Importancia de atender el SLAPP.

Como hemos visto, el empleo de SLAPP, particularmente las demandas civiles, resultan bastante perniciosas para las y los periodistas. Es un fenómeno alarmante por lo que se abusa del sistema judicial alegando que los que promueven la libertad de expresión supuestamente dañan en su honra o dignidad a funcionarios públicos y/o actores empresariales.

Los periodistas son los primeros garantes de la libertad de expresión, lo cual es un pilar fundamental para una democracia. El sufrimiento psicoemocional y económico de los periodistas por estos procesos no ha sido un tema que aborden los Estados, y podría ser diagnosticado como un síntoma de crisis en la democracia mexicana.

Es necesario que el Estado mexicano genere ajustes a sus cuerpos normativos civiles para prevenir este tipo de agresiones en contra de quienes ejercen su la libertad de expresión y de prensa, así como garantizar de manera efectiva el ejercicio de estos derechos fundamentales en una sociedad democrática.

Elaboración a cargo de:

Sara Lidia Mendiola Landeros – Directora ejecutiva de Propuesta Cívica
Víctor Javier Martínez Villa – Coordinador del área legal de Propuesta Cívica
Eugenie Renaudo – practicante jurídica en Propuesta Cívica

^[1] Noroeste, Grupo Arhe anuncia que retira demanda contra semanario Ríodoce, 19 de septiembre de 2022. Se puede consultar en: https://www.noroeste.com.mx/culiacan/grupo-arhe-anuncia-que-retira-demanda-contra-semanario-riodoce-DF2601162

^[2] Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Las empresas y la criminalización de personas defensoras, febrero 2022, disponible en https://media.business-humanrights.org/media/documents/2022_SLAPPs_in_LatAm_ES_v7.pdf

^[3] The Washington Post,Opinión. En México hay un acoso judicial a la prensa crítica, publicada el 6 de marzo de 2022 . Disponible: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/03/06/sergio-aguayo-acoso-judicial-humberto-moreira-amlo-periodistas-asesinados-mexico-2022/

^[4] Soy periodista no criminal, página 30, Investigación por Propuesta Cívica, 2018.

^[5] Entrevista por parte de Propuesta Cívica, 2024.