Jurisprudencia relevante para la protección de los periodistas medioambientales

Los periodistas medioambientales informan sobre temas importantes y delicados como la deforestación, la minería ilegal, la confiscación de tierras y la contaminación. Proporcionan al público información esencial al investigar y sacar a la luz actividades privadas y estatales que repercuten negativamente en el medio ambiente.

Al mismo tiempo, pagan un precio por prestar este importante servicio. En muchas partes del mundo, el periodismo medioambiental se considera una de las labores periodísticas más peligrosas, solo superada por el periodismo de guerra. Estos periodistas no solo se enfrentan a restricciones impuestas por el Estado al tratar de acceder a la información, sino que también sufren acoso, amenazas, detenciones arbitrarias y la criminalización de sus reportajes. De 2018 a 2022, Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó más de cincuenta violaciones a la libertad de prensa, incluidas diez muertes, relacionadas con el periodismo medioambiental. Se estima que el número de periodistas medioambientales asesinados entre 2009 y 2021 podría ascender a treinta.

La defensa legal de los periodistas medioambientales es fundamental para garantizar que puedan seguir informando. Esta ficha informativa resume algunos de los retos a los que se enfrentan los periodistas medioambientales y destaca una selección de casos legales de distintas jurisdicciones.

Acceso a la información

Para que los periodistas puedan informar eficazmente sobre temas medioambientales y proporcionar información importante al público, es esencial que tengan acceso a lugares, personas e información. Sin embargo, a menudo se utilizan indebidamente leyes domésticas sobre seguridad nacional, secreto de Estado y sedición para denegar a periodistas y defensores de los derechos humanos el acceso a información medioambiental y de otro tipo.

Los tribunales y organismos internacionales han sostenido en repetidas ocasiones que la información sobre actividades con un posible impacto ambiental debe considerarse un asunto de interés público y, por lo tanto, está sujeta a los requisitos legales de acceso a la información. Los instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes establecen expresamente que los Estados deben facilitar el acceso a la información en temas medioambientales. Esto incluye, por ejemplo, el Principio 10 de la Declaración de Río, que subraya la importancia de poner la información medioambiental a disposición del público y, a nivel regional, la Convención de Aarhus en Europa, y el Acuerdo de Escazú para sus Estados signatarios de América Latina y el Caribe.

La jurisprudencia internacional también respalda el acceso efectivo a la información medioambiental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, sostuvo que el acceso a dicha información permite el ejercicio de otros derechos, incluida la participación pública, y por lo tanto debe proporcionarse de manera “asequible, efectiva y oportuna” y sin necesidad de demostrar un interés directo o una implicación personal. Subrayando el principio de máxima divulgación, la CIDH determinó en el caso Claude Reyes contra Chile que la denegación de acceso a información ambiental en poder del Estado constituye una interferencia en la libertad de expresión y solo puede ser justificada si se cumplen las condiciones establecidas de manera clara en el test tripartito.

Del mismo modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha aclarado que el artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que consagra la libertad de expresión, abarca el derecho de los medios de comunicación y otros a acceder a información de interés público en poder de las autoridades para cumplir su función de vigilancia pública.11 En Guerra y otros contra Italia, un caso en el que 150 personas sufrieron una intoxicación aguda por arsénico a causa de las filtraciones de una fábrica química cercana, el TEDH concluyó que se había violado el derecho a la vida privada y familiar de los demandantes debido a que el Estado no había facilitado a la población local información esencial sobre los riesgos.

En el contexto africano, el artículo 24 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), que estipula el derecho a un medio ambiente satisfactorio en términos generales, ha sido interpretado como que implica el derecho procesal a acceder a la información relacionada con el medio ambiente para permitir la participación pública en las decisiones con repercusiones medioambientales.

Demandas estratégicas contra la participación pública

Los periodistas medioambientales también suelen sufrir represalias por sus reportajes en forma de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs por sus siglas en inglés). Las SLAPPs, a menudo presentadas por personas poderosas o funcionarios públicos, son demandas abusivas y sin fundamento que pretenden silenciar la expresión crítica sobre asuntos de interés público. Aunque adoptan formas muy diversas, el denominador común de estas demandas es el intento de intimidar a los periodistas y desviar su atención de la labor informativa sometiéndolos a litigios largos y costosos.

Algunas jurisdicciones, como Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, han adoptado o están en
proceso de adoptar las denominadas legislaciones anti-SLAPP. Estas leyes deben equilibrar cuidadosamente el derecho de acceso a la justicia y la libertad de expresión con disposiciones como la desestimación anticipada de demandas manifiestamente infundadas o recursos contra procedimientos judiciales abusivos. Aunque estos avances legislativos refuerzan en general la protección jurídica de los periodistas, los SLAPPs siguen planteando un reto para la información medioambiental en muchas partes del mundo.

La naturaleza abusiva de los SLAPPs y su efecto perjudicial sobre el ejercicio de la libertad de expresión han sido reconocidos por tribunales internacionales y nacionales. La CIDH, por ejemplo, sostuvo que los SLAPPs constituyen “un uso abusivo de los mecanismos judiciales que debe ser regulado y controlado por los Estados, con el fin de permitir el ejercicio efectivo de la libertad de expresión.”

En un caso de demandas por difamación presentadas por varias empresas mineras contra activistas y sus abogados por sus declaraciones críticas a sus explotaciones mineras, el Tribunal Superior de Ciudad del Cabo hizo notar el desequilibrio de poder “manifiestamente obvio” y consideró que las demandas no eran “auténticas y de buena fe, sino un mero pretexto con el único propósito de silenciar a sus oponentes y críticos”. Esta sentencia fue confirmada posteriormente por el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Superior de Pietermaritzburg ha aceptado recientemente la defensa SLAPP en un caso penal. En Colombia, la Corte Constitucional declaró inconstitucional una ley que facilitaba las SLAPPs.

Persecución y criminalización

Además de las demandas SLAPP, los periodistas medioambientales se enfrentan a muchos otros tipos de acoso legal, como la criminalización de su trabajo. Las disposiciones penales, como las leyes de difamación, a menudo se utilizan indebidamente para silenciar a los periodistas y crear un efecto amedrentador sobre los reportajes de interés público.20 Las leyes penales sobre difamación, especialmente cuando conllevan penas de prisión, suponen una injerencia desproporcionada en la libertad de expresión.

Esta opinión es compartida por numerosos tribunales y organismos internacionales. Por ejemplo, el
Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que el encarcelamiento nunca es una pena apropiada para la difamación y aboga por la despenalización de la difamación. El TEDH también suele considerar desproporcionadas las penas de prisión por ejercer la libertad de expresión. También ha descrito la imposición de otras sanciones, incluidas las multas, como “una especie de censura” que disuade tanto al periodista condenado como a otras personas de contribuir a los debates de interés público.

En el contexto de las leyes sobre difamación, la CIDH reconoció el efecto amedrentador que tanto las condenas penales como las sanciones civiles tienen sobre el trabajo de los periodistas. También consideró que la condena a un año de prisión preventiva y la imposición de una multa por comentarios críticos a una investigación judicial fueron desproporcionadas y constituían una interferencia injustificada a la libertad de expresión.25 Recientemente, la Comisión Interamericana también condenó la criminalización de los defensores del medio ambiente mediante el uso indebido de las leyes penales en general y subrayó la obligación de los Estados de respetar los derechos de los defensores del medio ambiente, prevenir los actos de violencia contra ellos, proteger sus derechos e investigar, perseguir y castigar los delitos cometidos contra ellos.

Con un planteamiento similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha dejado claro que nadie debe ser objeto de sanciones u otros perjuicios por publicar de buena fe información sobre irregularidades o amenazas graves para, entre otras cosas, el medio ambiente. Tanto la Comisión como el Tribunal Africano reconocieron el efecto perjudicial que las leyes penales sobre difamación tienen sobre la libertad de expresión. Tribunales regionales y nacionales, como el Tribunal de la Comunidad Económica de los Estados de África Oriental (CEDEAO), el Tribunal Superior de Kenia y el Tribunal Constitucional de Zimbabue adoptaron posturas similares.

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