El ejercicio de los derechos protegidos por la Convenci\u00f3n Americana supone el respeto y garant\u00eda de los derechos de los dem\u00e1s. De esta forma lo ha entendido la Corte IDH al prever que, en medio de un proceso de armonizaci\u00f3n de derechos, le corresponde a los Estados establecer responsabilidades ulteriores y sanciones con el objetivo \u00fanico de alcanzar ese prop\u00f3sito.[footnote]Corte IDH. Caso Trist\u00e1n Donoso Vs. Panam\u00e1. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, p\u00e1rr. 112.[\/footnote] <\/p>\n\n\n\n
Frecuentemente, los derechos que entran en tensi\u00f3n con el de la libertad de pensamiento y expresi\u00f3n son la honra y la reputaci\u00f3n, previstos en el art\u00edculo 11 de la CADH. Este art\u00edculo tambi\u00e9n materializa la protecci\u00f3n del derecho a la vida privada \u2013en familia, en los domicilios y en las correspondencias-, de tal suerte que no existan intromisiones abusivas o arbitrarias.<\/p>\n\n\n\n
De modo que se instituye como un l\u00edmite leg\u00edtimo al ejercicio del derecho a la libertad de expresi\u00f3n, ya que protege el respeto a la honra de ataques o injerencias de terceros e incluso del Estado (art\u00edculo 11.2 de la CADH). En ese sentido, la persona que se sienta afectada en su derecho a la honra tiene derecho a recibir acciones positivas del Estado (art\u00edculo 11.3 de la CADH) como acudir a los mecanismos judiciales dispuestos en la legislaci\u00f3n interna para su protecci\u00f3n.[footnote]Corte IDH. Caso M\u00e9moli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111.[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n
De hecho, para la Corte IDH, ambos derechos son de vital importancia para la democracia y de ah\u00ed se desprende la necesidad de garantizarlos en forma equilibrada. En ese contexto, se da inicio a la discusi\u00f3n teniendo en cuenta que tanto el derecho a la honra como el de la libertad de expresi\u00f3n no son absolutos y ambos admiten limitaciones con apego irrestricto a lo establecido en la Convenci\u00f3n.[footnote]Corte IDH. Caso Fontevecchia y D\u2019Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, p\u00e1rr. 50. Caso Trist\u00e1n Donoso Vs. Panam\u00e1. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, p\u00e1rr. 112.[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n
No obstante, ha concluido que \u201cla prevalencia de alguno en determinado caso depender\u00e1 de la ponderaci\u00f3n que se haga a trav\u00e9s de un juicio de proporcionalidad (\u2026) para apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio\u201d.[footnote]Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, p\u00e1rr. 51.[\/footnote] En asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico, por ejemplo, le corresponde al juez comprender en primer lugar el contexto en el que se realizaron las expresiones, luego ponderar los derechos a la honra y a la reputaci\u00f3n con el valor que tienen este tipo de debates sobre temas p\u00fablicos.[footnote]Corte IDH Caso Trist\u00e1n Donoso Vs. Panam\u00e1. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, p\u00e1rr. 123[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n
En \u00faltimas, el establecimiento de responsabilidades ulteriores por la violaci\u00f3n del derecho a la honra y a la reputaci\u00f3n ser\u00e1 leg\u00edtimo siempre que la soluci\u00f3n del conflicto tenga en cuenta las particularidades del caso, el contexto en el que se circunscribe y se realice el test tripartito<\/em>, que se analizar\u00e1 en adelante, para cumplir con lo previsto en el art\u00edculo 13.2 de la Convenci\u00f3n Americana.<\/p>\n\n\n\n La Convenci\u00f3n Americana permite la restricci\u00f3n del derecho a la libertad de expresi\u00f3n en aras de proteger valores imperativos <\/em>en la sociedad como la seguridad nacional o aquellos derivados del orden p\u00fablico. Con base en lo anterior, se busca asegurar \u201cel funcionamiento arm\u00f3nico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios\u201d.[footnote]Corte IDH. La colegiaci\u00f3n obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos). Opini\u00f3n Consultiva OC-5\/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p\u00e1rr. 64.[\/footnote] <\/p>\n\n\n\n En ese sentido, la Corte IDH ha reconocido la dificultad de precisar el concepto de \u2018orden p\u00fablico\u2019 o de \u2018bien com\u00fan\u2019, toda vez que ambos se pueden utilizar bien sea para afirmar o limitar derechos protegidos por la Convenci\u00f3n.[footnote]Ib\u00edd<\/em>., p\u00e1rr. 67.[\/footnote] Esto \u00faltimo con fundamento en la garant\u00eda de intereses colectivos. No obstante, ha sido enf\u00e1tica al determinar que, a la luz del art\u00edculo 29 de la Convenci\u00f3n, ninguno de los dos conceptos aludidos puede invocarse para suprimir los derechos protegidos por este instrumento interamericano.<\/p>\n\n\n\n Estos conceptos aplicados al escenario de la libertad de expresi\u00f3n se refieren al reclamo que \u201cdentro de una sociedad democr\u00e1tica, se garanticen las mayores posibilidades de circulaci\u00f3n de noticias, ideas y opiniones, as\u00ed como el m\u00e1s amplio acceso a la informaci\u00f3n por parte de la sociedad en su conjunto [toda vez que] la libertad de expresi\u00f3n se inserta en el orden p\u00fablico primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse\u201d.[footnote]Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Per\u00fa<\/em>. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, p\u00e1rr. 151.[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n En \u00faltimas, para que proceda una sanci\u00f3n ulterior con sustento en la defensa del orden p\u00fablico (ya sea por la seguridad, la moral o la salud p\u00fablicas), corresponde demostrar que los fines que persigue no son autoritarios, sino que buscan preservar el orden democr\u00e1tico<\/em> \u201centendido como la existencia de las condiciones estructurales para que todas las personas, sin discriminaci\u00f3n, puedan ejercer sus derechos en libertad, con vigor y sin miedo a ser sancionados por ello\u201d.[footnote]CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n. Cap\u00edtulo III Marco Jur\u00eddico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresi\u00f3n. OEA\/Ser.L\/V\/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. P\u00e1rr. 58.[\/footnote]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s El ejercicio de los derechos protegidos por la Convenci\u00f3n Americana supone el respeto y garant\u00eda de los derechos de los dem\u00e1s. De esta forma lo ha entendido la Corte IDH al prever que, en medio de un proceso de armonizaci\u00f3n de derechos, le […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":1473,"menu_order":91,"template":"page-templates\/chapter.php","publication-category":[],"class_list":["post-1480","publication","type-publication","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nProtecci\u00f3n de la seguridad nacional, del orden p\u00fablico, la salud o la moral p\u00fablica<\/h3>\n\n\n\n