{"id":1479,"date":"2023-01-15T14:28:47","date_gmt":"2023-01-15T14:28:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mediadefence.org\/ereader\/?post_type=publication&p=1479"},"modified":"2023-01-15T14:35:07","modified_gmt":"2023-01-15T14:35:07","slug":"restricciones-formales-test-tripartito","status":"publish","type":"publication","link":"https:\/\/www.mediadefence.org\/ereader\/publications\/serie-de-modulos-sobre-la-defensa-de-la-libertad-de-expresion-en-america-latina\/modulo-9-seguridad-nacional\/restricciones-formales-test-tripartito\/","title":{"rendered":"Restricciones formales: test tripartito"},"content":{"rendered":"\n

El derecho a la libertad de expresi\u00f3n no es absoluto<\/em> y admite una serie de restricciones que deben estar ajustadas a una serie de requisitos de forma y de fondo, en aras de salvaguardar un inter\u00e9s leg\u00edtimo previsto en el art\u00edculo 13.2 de la CADH, como se expondr\u00e1 en adelante.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, las sanciones ulteriores que se impongan sobre la divulgaci\u00f3n de ciertas expresiones deben cumplir con tres requisitos -con las condiciones que se derivan del test tripartito-. En primer lugar, deben estar expresamente fijadas en la ley. En segundo lugar, deben referirse a un objetivo leg\u00edtimo: para asegurar o el respeto de los derechos de los dem\u00e1s o la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o moral p\u00fablicas. Finalmente, deben ser necesarias y proporcionales en una sociedad democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n con los requisitos en menci\u00f3n, las reglas que deben aplicarse para restringir el derecho a la libertad de expresi\u00f3n deben analizarse en concordancia con los hechos, las particularidades y el contexto del caso.[footnote]Corte IDH. Caso Lagos del Campo Vs. Per\u00fa. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, p\u00e1rr. 119.[\/footnote] Finalmente, es importante mencionar que las restricciones contenidas en el art\u00edculo 13.2 de la Convenci\u00f3n proceden \u00fanicamente si no se ha declarado un estado de emergencia.[footnote]CIDH. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, p\u00e1rr. 316. Disponible en:\u00a0http:\/\/www.cidh.org\/terrorism\/span\/m.htm<\/a>[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n

En primer lugar, la restricci\u00f3n al derecho a la libertad de expresi\u00f3n se aplica, seg\u00fan la Corte IDH, no solo para las leyes sino la manifestaci\u00f3n del Poder P\u00fablico que incide sobre este derecho. Por ejemplo, se ha pronunciado en casos en los que involucran i) decisiones de la justicia penal militar,[footnote]Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135.[\/footnote] ii) \u00f3rdenes de funcionarios del Estado dentro de centros de reclusi\u00f3n,[footnote]Corte IDH. Caso L\u00f3pez Alvarez Vs. Honduras. Sentencia del 1 de febrero de 2006, Serie C No. 141.[\/footnote], iii) decisiones en procesos penales,[footnote]Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; Corte IDH. Caso Eduardo Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177.[\/footnote] iii) actos administrativos[footnote]Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Per\u00fa. Sentencia del 6 de febrero de 2001, Serie C No. 74.[\/footnote] y iv) normas constitucionales.[footnote]Corte IDH,. Caso \u201cLa \u00daltima Tentaci\u00f3n de Cristo\u201d (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n

El principio de legalidad<\/em> de la medida de restricci\u00f3n sobre el derecho a la libertad de expresi\u00f3n implica que esta se encuentre prevista en una ley en sentido formal y material y su definici\u00f3n debe ser expresa y taxativa.[footnote]Corte IDH. La colegiaci\u00f3n obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos). Opini\u00f3n Consultiva OC-5\/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p\u00e1rr. 40.[\/footnote] En t\u00e9rminos de la Corte IDH, esto quiere decir que \u201clas restricciones deben estar previamente fijadas en la ley como medio para asegurar que las mismas no queden al arbitrio del poder p\u00fablico. Para esto, la tipificaci\u00f3n de la conducta debe ser clara y precisa, m\u00e1s a\u00fan si se trata de condenas del orden penal y no del orden civil\u201d.[footnote]Corte IDH. Caso \u00c1lvarez Ramos Vs. Venezuela. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2019. Serie C No. 380, p\u00e1rr. 104.[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n

En efecto, es necesario que la sanci\u00f3n posterior no solo se encuentre establecida en una ley, sino que adem\u00e1s sea previsible, esto quiere decir que la persona que realiza este tipo de expresiones sea consciente de que pueden dar lugar al establecimiento de responsabilidades. De no estarlo, la amplitud en los t\u00e9rminos incumple con este requisito y no estar\u00eda ajustada al art\u00edculo 13 de la CADH.[footnote]Ib\u00edd., p\u00e1rr. 316.[\/footnote] En otras palabras, como lo cita la CIDH:<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cun problema con las leyes sobre el orden y la seguridad es que con frecuencia pueden ser muy amplias y\/o vagas.\u00a0\u00a0Ello significa que encierran el potencial de ser objeto de abuso por los gobiernos para eliminar cr\u00edticas leg\u00edtimas, y que ejercen un efecto atemorizador, pues los ciudadanos toman distancia de la zona de potencial aplicaci\u00f3n para evitar la censura.\u00a0\u00a0En cierta medida, ello est\u00e1 en funci\u00f3n de la dificultad de definir con cierto grado de precisi\u00f3n, en una ley de aplicaci\u00f3n general, los par\u00e1metros exactos de la amenaza al orden p\u00fablico y la seguridad nacional en cuesti\u00f3n\u201d.[footnote]Toby Mendel,\u00a0Criminal Content Restrictions<\/em>. 1999, como se cita en CIDH. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, p\u00e1rr. 316. En:\u00a0 http:\/\/www.cidh.org\/terrorism\/span\/m.htm<\/a>[\/footnote]<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Sobre el punto del derecho penal, la jurisprudencia interamericana ha determinado que, por un lado, la tipicidad de una conducta penal debe ser clara y precisa,[footnote]Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, p\u00e1rr 77.[\/footnote] sobretodo porque la ambig\u00fcedad genera dudas y deja que la decisi\u00f3n que involucra la afectaci\u00f3n de bienes fundamentales quede al arbitrio de la autoridad.[footnote]Corte IDH. Caso Us\u00f3n Ram\u00edrez Vs. Venezuela. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, p\u00e1rr 56.[\/footnote] Pero, adem\u00e1s, precisa que la ley debe permitir que las personas prevean, en un grado razonable, las consecuencias jur\u00eddicas de sus acciones.[footnote]Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, p\u00e1rr. 89.[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n

Ahora, en relaci\u00f3n con el principio de proporcionalidad y de necesidad <\/em>de la restricci\u00f3n en una sociedad democr\u00e1tica, la Corte IDH hace alusi\u00f3n a los fines que persigue el art\u00edculo 13.2 de la Convenci\u00f3n, los cuales dependen del an\u00e1lisis de si buscan proteger un inter\u00e9s social imperativo que resulte de mayor rango de garant\u00eda que el derecho a la libertad de expresi\u00f3n mismo.[footnote]Corte IDH. Caso L\u00f3pez \u00c1lvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, p\u00e1rr. 165.[\/footnote] En todo caso, las medidas adoptadas deben \u201crestringir en menor escala el derecho protegido\u201d.[footnote]Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, p\u00e1rr. 91.[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n

En ese orden, la restricci\u00f3n no solo debe ser estrictamente legal y ajustarse a un prop\u00f3sito \u00fatil y oportuno,[footnote]Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, p\u00e1rr. 96.[\/footnote] sino que adem\u00e1s no debe ser desmedida frente a las ventajas que ofrece. De tal suerte que la Corte IDH ha enfatizado en que las restricciones sobre el derecho a la libertad de expresi\u00f3n \u201cdeben ser proporcionales al inter\u00e9s que las justifican y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo goce del derecho\u201d.[footnote]Corte IDH. Caso \u00c1lvarez Ramos Vs. Venezuela. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2019. Serie C No. 380, p\u00e1rr. 108.[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, como consideraci\u00f3n final sobre el proceso penal frente a escenarios de libertad de expresi\u00f3n, la Corte IDH estableci\u00f3 que \u201cdel universo de medidas posibles para exigir responsabilidades ulteriores por eventuales ejercicios abusivos del derecho a la libertad de expresi\u00f3n, la persecuci\u00f3n penal s\u00f3lo resultar\u00e1 procedente en aquellos casos excepcionales que sea estrictamente necesaria para proteger una necesidad social imperiosa\u201d.[footnote]Corte IDH. Caso \u00c1lvarez Ramos Vs. Venezuela. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2019. Serie C No. 380, p\u00e1rr. 119.[\/footnote]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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