Hay algunas leyes que existen en el continente y que contin\u00faan presentando riesgos para los periodistas y otras personas cr\u00edticas frente a las autoridades del Estado. Las sanciones que imponen privaciones de libertad por atentar contra el honor o la reputaci\u00f3n de un funcionario p\u00fablico[footnote]Las leyes sobre el desacato, como se denomina este delito, no deben confundirse con la difamaci\u00f3n penal. Mientras que en el primero la v\u00edctima es un funcionario p\u00fablico, en el segundo no lo es.[\/footnote] todav\u00eda estaban generalizadas en muchos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina a principios de la d\u00e9cada de 1990 como herencia de su pasado autoritario.<\/p>\n\n\n\n
La CIDH y la Corte Interamericana han declarado en varias ocasiones que las leyes de desacato son contrarias a la libertad de expresi\u00f3n. Estas leyes han sido entendidas por el Sistema Interamericano como una clase de legislaci\u00f3n que penaliza la expresi\u00f3n que ofende, insulta o amenaza a un funcionario p\u00fablico en el desempe\u00f1o de sus funciones oficiales.[footnote]Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 1994.<\/em> Cap\u00edtulo V: Informe sobre la compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. 17 de febrero de 1995.[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n Desde 1994, la CIDH analiz\u00f3 la compatibilidad de leyes de desacato con la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. As\u00ed, concluy\u00f3, por primera vez, que este tipo de leyes se prestaban para el abuso y \u201cpara silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo el debate que es cr\u00edtico para el efectivo funcionamiento de las instituciones democr\u00e1ticas\u201d.[footnote]CIDH. Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. Informe Anual 1994<\/em>. OEA\/ser L\/V\/II.88, Doc. 9 Rev (1995), p\u00e1gs. 197-212.[\/footnote] Adem\u00e1s, determin\u00f3 que el objetivo de estas medidas es disuadir las cr\u00edticas a trav\u00e9s del temor de las personas frente a acciones judiciales o sanciones econ\u00f3micas que deban afrontar solo por expresarse.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n en su Informe Anual extendi\u00f3 la comprensi\u00f3n de estas leyes hacia el an\u00e1lisis de leyes de injuria y calumnia. En este orden, estableci\u00f3 que en ocasiones estas leyes no siempre protegen el honor de las personas. Al contrario, son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera cr\u00edtico.[footnote]CIDH. Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n. 1999, p\u00e1rr. 24. Disponible en http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/expresion\/docs\/informes\/anuales\/Informe%20Anual%201999.pdf<\/a>[\/footnote] Bajo esta misma l\u00ednea, se aprob\u00f3 la Declaraci\u00f3n de Principios sobre la Libertad de Expresi\u00f3n, la cual, a partir de una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (CADH<\/a>), hizo referencia a este tipo de leyes al mencionar que \u201cno deben inhibir ni restringir la investigaci\u00f3n y difusi\u00f3n de informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico. La protecci\u00f3n a la reputaci\u00f3n\u00a0debe estar garantizada s\u00f3lo a trav\u00e9s de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario p\u00fablico o persona p\u00fablica o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico\u201d.[footnote]Declaraci\u00f3n de Principios sobre Libertad de Expresi\u00f3n (2000). Principio 10. Disponible en oas.org\/es\/cidh\/expresion\/showarticle.asp?artID=132&lID=2#:~:text=Toda%20persona%20tiene%20derecho%20a,a%20la%20libertad%20de%20expresi\u00f3n<\/a>.[\/footnote]<\/p>\n\n\n\n La oposici\u00f3n a la existencia de leyes de desacato se empez\u00f3 a realizar en el Sistema Interamericano en 1992 con el caso Verbitsky v. Argentina<\/em><\/a>.[footnote]Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 22\/94 (Soluci\u00f3n Amistosa). Caso No. 11.012. Verbitsky vs. Argentina.<\/em> 20 de septiembre de 1994.[\/footnote] Poco despu\u00e9s, la CIDH aprob\u00f3 su Declaraci\u00f3n de Principios sobre Libertad de Expresi\u00f3n (2000)<\/a>, que mencion\u00f3 que \u201clas leyes que sancionan expresiones ofensivas dirigidas a funcionarios p\u00fablicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, restringen la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a la informaci\u00f3n\u201d. Despu\u00e9s de esto, algunos pa\u00edses como Costa Rica y Per\u00fa eliminaron el delito de desacato de sus c\u00f3digos penales.<\/p>\n\n\n\n Los tribunales regionales han argumentado que unos discursos especialmente protegidos por la libertad de expresi\u00f3n son aquellos que tratan sobre funcionarios p\u00fablicos o sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico. Por esto mismo, es contrario a la libertad de expresi\u00f3n que existan leyes especialmente dise\u00f1adas para atacar los discursos en contra de funcionarios p\u00fablicos. De hecho, debido a su estatus, su posibilidad de acceder a los medios de comunicaci\u00f3n y el poder que tienen, los funcionarios p\u00fablicos a menudo pueden usar su cargo para tratar de restringir la libertad de expresi\u00f3n y enjuiciar a los cr\u00edticos. Por lo tanto, se pueden justificar protecciones adicionales para aquellos que los critican, para contrarrestar este desequilibrio de poder. Adem\u00e1s, existe una necesidad real de que quienes se desempe\u00f1an en cargos p\u00fablicos est\u00e9n abiertos a la cr\u00edtica y la veedur\u00eda ciudadana. Como la Corte Interamericana encontr\u00f3:<\/p>\n\n\n\n \u201cLas expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempe\u00f1o de un cargo de relevancia p\u00fablica o a los actos realizados por funcionarios p\u00fablicos en el desempe\u00f1o de sus labores, entre otras, gozan de mayor protecci\u00f3n, de manera tal que se propicie el debate democr\u00e1tico. La Corte ha se\u00f1alado que en una sociedad democr\u00e1tica los funcionarios p\u00fablicos est\u00e1n m\u00e1s expuestos al escrutinio y a la cr\u00edtica del p\u00fablico. Este diferente umbral de protecci\u00f3n se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio m\u00e1s exigente\u201d.<\/p>\nCorte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fontevecchia y D\u2019 Amico v. Argentina. <\/em>Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, p\u00e1rr, 47.<\/cite><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hay algunas leyes que existen en el continente y que contin\u00faan presentando riesgos para los periodistas y otras personas cr\u00edticas frente a las autoridades del Estado. 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