Hay un reconocimiento cada vez mayor de que el derecho a la privacidad juega un papel vital para la facilitaci\u00f3n del derecho a la libertad de expresi\u00f3n. Por ejemplo, la confianza en el derecho a la privacidad permite a las personas compartir opiniones de forma an\u00f3nima en circunstancias en las que pueden temer ser censuradas por esas opiniones, permite a los denunciantes hacer divulgaciones protegidas y permite a los miembros de los medios de comunicaci\u00f3n y activistas comunicarse de forma segura sin el alcance de la interceptaci\u00f3n gubernamental ilegal.<\/p>\n\n\n\n
El derecho a la intimidad fue reconocido por primera vez en el plano internacional en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos<\/a>. En su art\u00edculo 12 se dispone que \u201ctoda persona debe ser protegida contra injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, as\u00ed como de ataques contra su honra y reputaci\u00f3n. Toda persona tiene derecho a la protecci\u00f3n de la ley contra tales injerencias o ataques\u201d. Posteriormente, este derecho fue reproducido por otros instrumentos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a>,[footnote]El art\u00edculo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a> establece lo siguiente respecto al derecho a la privacidad: Nadie podr\u00e1 ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputaci\u00f3n. Toda persona tiene derecho a la protecci\u00f3n de la ley contra tales injerencias o ataques.[\/footnote] la Declaraci\u00f3n Americana de Derechos y Deberes del Hombre<\/a>[footnote]El art\u00edculo 5 de la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre<\/a> dispone lo siguiente respecto al derecho a la privacidad: \u201cToda persona tiene derecho a la protecci\u00f3n de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputaci\u00f3n y a su vida privada y familiar. Adem\u00e1s de esta disposici\u00f3n, el art\u00edculo 9 se refiere a la inviolabilidad del domicilio y el art\u00edculo 10 hace referencia a la inviolabilidad y circulaci\u00f3n de la correspondencia.[\/footnote] y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a>,[footnote]El art\u00edculo 11 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a> establece lo siguiente: \u201cToda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputaci\u00f3n. Toda persona tiene derecho a la protecci\u00f3n de la ley contra esas injerencias o esos ataques\u201d.[\/footnote] entre otros.<\/p>\n\n\n\n El derecho a la intimidad tambi\u00e9n ha sido reconocido en otros instrumentos regionales y nacionales en el contexto de la protecci\u00f3n de datos, que se analizar\u00e1 m\u00e1s adelante. Adem\u00e1s, casi todos los Estados americanos garantizan este derecho en sus constituciones nacionales.<\/p>\n\n\n\n En el caso Fontevecchia y D\u2019Amico vs. Argentina<\/em><\/a>, la Corte IDH record\u00f3 que la Convenci\u00f3n Americana proh\u00edbe las invasiones o ataques abusivos o arbitrarios por parte de terceros o por parte de autoridades p\u00fablicas. La Corte indic\u00f3 que existen dos criterios relevantes a tener en cuenta cuando se difunde informaci\u00f3n potencialmente privada: \u201c(a) el diferente umbral de protecci\u00f3n para los funcionarios p\u00fablicos, especialmente los de elecci\u00f3n popular, para las figuras p\u00fablicas y los particulares, y (b) el inter\u00e9s p\u00fablico en las acciones emprendidas\u201d.[footnote]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fontevecchia D\u2019Amico v. Argentina<\/em>. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, p\u00e1rr. 159.[\/footnote] El diferente umbral de protecci\u00f3n respecto a funcionarios p\u00fablicos se debe al car\u00e1cter voluntario de su exposici\u00f3n al escrutinio social, lo cual implica que hay mayor probabilidad de lesi\u00f3n con respecto a la privacidad de los funcionarios p\u00fablicos. En cuanto al inter\u00e9s p\u00fablico, la Corte manifest\u00f3 que hay una mayor posibilidad de intromisi\u00f3n respecto a la privacidad frente a asuntos en los cuales la sociedad tiene un inter\u00e9s leg\u00edtimo de estar informada.<\/p>\n\n\n\n Al igual que con el derecho a la libertad de expresi\u00f3n, una limitaci\u00f3n del derecho a la intimidad debe cumplir con un test de proporcionalidad y necesidad. De acuerdo con la Corte Interamericana, en el caso Trist\u00e1n Donoso vs. Panam\u00e1<\/em><\/a>:<\/p>\n\n\n\n El derecho a la privacidad no es un derecho absoluto y, por tanto, puede ser restringido por los Estados. Esto, siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias. Por lo cual, el l\u00edmite a esas restricciones debe ser: (i) estar previstas en ley; (ii) perseguir un fin leg\u00edtimo y (iii) cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias para una sociedad democr\u00e1tica\u201d.<\/p>\nCorte Interamericana de Derechos Humanos. Trist\u00e1n Donoso v. Panam\u00e1<\/em>. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n De manera particular, en el caso Escher y otros vs. Brasil<\/em><\/a>, la Corte se refiri\u00f3 al uso de tecnolog\u00eda y la tensi\u00f3n con la privacidad, advirtiendo que:<\/p>\n\n\n\n\n
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